La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha pedido la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del acuerdo sobre Cercanías que suscribieron la Generalitat y el Ministerio de Fomento el pasado diciembre y que incluía, entre otras actuaciones, el desdoblamiento entre Cullera y Gandia de la actual línea C1 de cercanías y la prolongación entre Gandia y Oliva (esta última con un presupuesto de 120 millones de euros) en lo que supondría, de facto, el inicio de la construcción del Tren de la Costa.
Fomento todavía no ha respondido a este requerimiento, confirmaron las fuentes consultadas por este periódico.
En una reciente compareciencia parlamentaria, María José Salvador calificó de «buena noticia» para los valencianos que una parte significativa de la infraestructura del Tren de la Costa pudiera materializarse a través del Plan de Cercanías, al que se incorporó la prolongación entre Gandia y Oliva a instancias del gobierno valenciano. «La noticia -añadió Salvador- habría sido excelente si hubiera incluido también el tramo Oliva-Dénia, pero no ha sido así».
Para la conselleria, además de la mayor o menor voluntad política de sacar adelante un proyecto que, según el estudio informativo inicial hecho por Fomento no es rentable -afirmación que discute la Generalitat Valenciana en su conjunto y los alcaldes afectados-, existe una dificultad de partida provocada por la manera en la que el Ministerio de Fomento elaboró y dio a conocer el estudio informativo inicial en 2016.
Según la conselleria, el protocolo firmado en 2011entre la Generalitat y Fomento para desarrollar el Tren de la Costa contemplaba que el gobierno valenciano debía conocer y participar en la elaboración del citado informe antes su tramitación pública.
Sin embargo, no ocurrió así: la Generalitat conoció el estudio cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el inicio de la exposición pública de un proyecto que prima la alta velocidad por encima de un servicio ferroviario de calidad capaz de dar servicio a cerca de 500.000 personas, según el gobierno valenciano.
