El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, mostró ayer su disposición a negociar de forma inminente la «reestructuración» de la deuda de las comunidades autónomas. La negociación, según el titular de Hacienda, debería abrirse este mismo mes en el marco del trámite parlamentario para la aprobación de los presupuestos generales de 2018. En concreto, durante la tramitación de las enmiendas parciales a la ley cuyo plazo se abre en unos días.
El ministro, que hizo este anuncio en el Congreso de los Diputados, apuntó que el proyecto presupuestario contiene una disposición que da sustento jurídico a esa reestructuración de la deuda. No entró en detalles y se le limitó a señalar que la deuda autonómica está «muy centrada» con el Estado y que este no debería financiarse en el futuro con los intereses de la deuda que ha generado la crisis.
El anuncio abre la puerta al menos a hablar sobre una de las reividicaciones claves del ejecutivo valenciano, si bien difícilmente Montoro llegará tan lejos como reclama el Consell. La comparecencia de Montoro tuvo lugar 24 horas después de partidos políticos, sindicatos y patronal, que conforman el llamado frente por la financiación, reclamaran ayer en Madrid la quita de la deuda, una petición a la que también se sumó el PP valenciano a través del diputado Gerardo Camps.
Con todo, la respuesta de la Generalitat fue ayer más bien fría, ya que recela de que Montoro tenga intención de atender a su exigencia de compensación de la deuda por los años acumulados de maltrato financiero.
Así, la Conselleria de Hacienda teme que la mano tendida del ministro quede reducida a ofrecer a las comunidades más ventajas en el pago de intereses o en la amortización de la deuda. Lo que se conoce como una deuda perpetua que no se paga, pero que no deja de existir. Es la posición que al menos internamente Montoro ha expuesto ante los dirigentes regionales de su partido, sobre todo, cuando algunos barones destacados, como Alberto Núñez Feijóo, se han rebelado ante una eventual quita.
Fuentes de Hacienda se reafirmaron ayer en la postura expuesta la última reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación celebrada en marzo: la condonación de parte de la deuda por la infrafinanciación.
Es decir, el Consell aspira a una quita de una deuda, que suma ya 45.000 millones de euros, al considerar que si el Gobierno sólo ofrece ventajas financieras para su devolución, la deuda seguirá condicionando sus cuentas.
Fuentes del Gobierno central consultadas por este diario explican que el ofrecimiento de Montoro es un punto de partida para el diálogo. Apuntan que aunque no puede afirmarse que el Ministerio de Hacienda apoye directamente la quita, sí existe disposición a hablar. El punto de partida es que el Estado, principal acreedor de la deuda de la Generalitat, estaría dispuesto a flexibilizar las condiciones financieras de la deuda, lo que daría oxígeno a las finanzas autonómicas.
La Comunitat Valenciana es junto con Cataluña una de las comunidades a la que más podría afectar la reestructuración de la deuda y no sólo por la cuantía de esta losa. Más del 80 % de lo que debe se lo debe a la Administración del Estado, por lo que cualquier facilidad que diera su principal acreedor sería un alivio.
Las fuentes del Gobierno consultadas indican que la negociación podría incluir fórmulas para que esta deuda con el Estado no perjudicara futuros planes de la Generalitat de acudir de nuevo a los mercados para financiarse.
Cuentas y financiación
Para el Consell, sin embargo, sin condonación de la deuda ilegítima (la derivada de la infrafinanciación) no hay viabilidad posible. Su experto en la comisión técnica citada, José Antonio Pérez, ya advirtió de que sólo con la modificación del modelo de financiación el problema no se acaba.
El especialista, acompañado de Rafael Beneyto, ya expusó ante el Gobierno que hay que dar solución a la deuda heredada porque amenaza la viabilidad financiera de comunidades como la valenciana. En esta reunión de marzo, seis comunidades avalaron la quita, otras seis sólo apoyaron la reestructuración y dos, apoyaron una fórmula mixta.
Durante su comparecencia de ayer Montoro insistió en que es necesario un acuerdo político ya que esta negociacion necesitaría el aval del Congreso de los Diputados, del Senado y también del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas las comunidades autónomas.
El Gobierno de Rajoy, que en principio cuenta con el apoyo de PNV para sacar adelante sus presupuestos, lleva tiempo vinculando el nuevo presupuesto con la negociación del cambio del modelo de financiación. «Es la voluntad del Gobierno llevar adelante la reforma de la financiación autonómica y local con el fin de garantizar que los ingresos de la recuperación económica vayan a financiar el gasto del Estado del Bienestar».
