Podemos denuncia que el Consell "engorda" a firmas de la trama Gürtel

A la dirección de Podemos en la Comunitat Valenciana no le ha gustado que el Consell haya adjudicado a empresas que admitieron participación en la financiación irregular del Partido Popular que ahora se juzga en los tribunales contratos millonarios de mantenimiento de carreteras en la Comunitat Valenciana por valor de 75 millones de euros. Entre las adjudicatarias figuran nombres como CHM del alicantino Martínez Berna o Becsa.

El propio síndic de Podemos, Antonio Estañ, asegura que de nuevo el Consell lanza un mensaje de que al empresariado «decente» que no entra en el circuito de la corrupción «se le aparta» mientras se premia «a quien ha podrido nuestra economía y nuestras instituciones».

El senador Ferran Martínez, que dirige el análisis político en la ejecutiva del partido, añade: «Pavasal, CHM, Becsa son empresas vinculadas a las tramas de corrupción que ahora se llevan contratos de obras públicas por 25 millones cada una, el Consell sigue engordando a quienes se han hecho de oro saqueando lo público y la mafia se perpetúa en los negocios».

Podemos ya llevó esta cuestión de los contratos a las empresas ligadas a la trama Gürtel al pleno de las Corts y entonces el Consell se justificó en que no puede romper contratos que son legales.

Contratos a analizar

La Cámara autonómica aprobó entonces una resolución en la que se instaba a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a realizar una inspección de los contratos en vigor con la Generalitat firmados con empresarios vinculados a la trama Gürtel.

Además, el Consell está obligado por aquella resolución a informar a las Corts qué contratos de los empresarios vinculados a la trama Gürtel se han firmado en esta legislatura y cuáles han sido las garantías legales para hacer estas contrataciones.

También a analizar los contratos de empresas vinculadas con el caso Gürtel que aún hoy trabajan con la Generalitat y en el caso de detectarse irregularidades o que incumplan la legalidad contractual, cancelarlos y establecer las multas oportunas. También a continuar avanzando en una mayor concurrencia pública y favorecer que sean más accesibles a pymes y cooperativas. El Consell dará tiene seis meses para cumplir la resolución de los que ya se han cumplido dos.