Más de un centenar de entidades, la mayoría colectivos de mujeres, pero también partidos políticos y sindicatos, registraron ayer la denuncia dirigida a la Fiscalía General del Estado para que investigue la filtración de datos de la víctima de la «jauría» de La Manada, una iniciativa que, a través de Alerta Feminista, ha ido sumando apoyos en todos los territorios porque se han «triturado» los derechos de la denunciante.

El objetivo es, según ha explicado a los medios Herminia Royo, portavoz de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià y abogada, mostrar nuestra fuerza y decirle al patriarcado que «no estamos dispuestas a tolerar estas conductas».

Recordó que el artículo 198 del Código Penal establece penas de hasta siete años de cárcel para los responsables de filtraciones.

La acción, tal como informó este diario, va dirigida a los medios de comunicación que difundieron los datos como a las personas individuales que se hicieron eco a través de las redes sociales. También se pide depuración de responsabilidades en la propia justicia por la inclusión en la sentencia del código de verificación que ha permitido el acceso a los datos completos.