La agenda judicial no ha dado ni un minuto de tregua al nuevo PPCV de Isabel Bonig, un partido que lucha por soltar lastre de un pasado que llegó a parecer esplendoroso, pero cuyas cloacas han quedado al descubierto. Los casos de corrupción del pasado son una auténtica pesadilla con la que el PPCV trata de convivir sin poder despertarse. La última noticia amarga para la dirección regional llegó ayer de la mano de Gürtel, una mancha que acabó hace siete años con la carrera política de Francisco Camps y hace una semana con la de Mariano Rajoy.
El nuevo fallo judicial apunta directamente a la línea de flotación del PP de la Comunitat Valenciana en tiempos de Camps. La sentencia acredita la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano, un mazazo en toda regla ya que pone en solfa cómo los populares cosecharon mayorías absolutas.
La noticia del fallo pilló a la práctica totalidad de la cúpula popular valenciana en Madrid. Bonig se desplazó allí con su núcleo duro para asistir a la junta directiva nacional convocada por Mariano Rajoy para resolver, mediante un congreso extraordinario, su sucesión, un relevo forzado por la sentencia que acreditó el delito electoral a nivel nacional. Cuando el partido todavía no se ha respuesto de ese varapalo y de la detención y encarcelamiento del expresidente Eduardo Zaplana, el PPCV acusa de nuevo el golpe con la condena de quien fue el número dos del partido, Ricardo Costa, y sus principales colaboradores. Francisco Camps, se salva de esta causa (no fue imputado en su día), aunque la sentencia echa por tierra su legado, al tiempo que siembra serias dudas sobre su responsabilidad.
Tras la confesión de Ricardo Costa, la condena era más que probable y los populares de Bonig contaban con ello. No obstante, generó pesadumbre. La organización lucha desde hace años por renovar su imagen y desligarla de la marca de la corrupción. Con la cuenta atrás de las elecciones autonómicas, llega un nuevo contratiempo, que además coincide con un momento de cambios en el partido. Bonig y su equipo necesitan posicionarse adecuadamente en la carrera por el liderazgo y tienen como objetivo hacer valer el peso de la organización para recuperar una influencia en Madrid, perdida precisamente hace años a causa de los casos de corrupción.
Bonig se pronunció ayer sobre la sentencia a la salida de la sede madrileña del PP. En su opinión, es una muestra clara de que en España no existe impunidad y «el que la hace, la paga». «Son actitudes que corresponden al pasado, en el PPCV hemos aprendido la lección y estamos trabajando de forma correcta para que estos hechos no vuelvan a producirse», enfatizó. La lideresa mantuvo que el PP ya ha asumido responsabilidades políticas y que las personas que se sentaron en el banquillo, tanto las condenadas como las absueltas, dejaron su responsabilidad orgánica y se dedican a la actividad privada».
Así, los populares valencianos confían en que este último trago pase rápido, aunque son conscientes de que el vía crucis judicial del PPCV todavía no ha terminado. De hecho, una retahíla de casos referidos a la etapa de gobierno del PP siguen bajo investigación judicial y amenazan con amargarles la existencia en el año que queda antes de las urnas.
Para empezar, la pesadilla Gürtel no ha terminado. Fitur fue la primera pieza juzgada y resuelta con penas de prisión para la expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero la última no es la del delito electoral. Todavía está pendiente la pieza sobre los contratos menores celebrados por la Generalitat entre 2005 y 2009 y en la que hay procesados una veintena de cargos, entre ellos varios exconsellers. Queda además la investigación relativa a la cobertura de RTVV de la visita del Papa. Gürtel, además, no es el único asunto pendiente.
Cooperación, Valmor, Palau de les Arts, IVAM, Emarsa son algunos de los temas pendientes que laceran la imagen del PP cuando era gobierno. Además, aún queda por digerir el caso Taula que investiga el presunto pago de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València. Este caso es especialmente importante para Bonig ya que la decisión sobre los concejales imputados por pitufeo es la llave para limpiar la marca y empezar a recuperar visibilidad y discurso en el cap i casal.
