El Tribunal Supremo ha rechazado los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción para revertir la absolución de los cinco alto cargos de Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias) por parte de la Audiencia de Palma.

El Ministerio Público defendía que la rama valenciana del Caso Nóos (en el caso de Jorge Vela y Elisa Maldonado).

Pero la sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que los hechos por los que se ha condenado al yerno y cuñado de los reyes o al expresidente Jaume Matas en Palma de Mallorca no son equiparables a las contrataciones de Iñaki Urdangarín y el Instituto Nóos en la Comunitat Valenciana.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral García, señala que «no podemos compartir la interpretación que hace del Fiscal» sobre la contratación del Instituto Nóos por parte de Cacsa. «Es una mera hipótesis dialéctica que habría que desdeñar a la hora de construir la tipicidad jurídico penal».

Y añaden que «las valoraciones que vierte el Fiscal sobre el escaso predicamento empresarial de uno de los acusados traspasan una frontera cuya aduana está cerrada en casación: la que blinda el territorio de la valoración probatoria. No podemos explorar en casación ese espacio de ninguna forma».

Los magistrados del Supremo, como las magistradas de la Audiencia de València, consideran que la contratación de Nóos se hizo por sus conocimientos en eventos deportivos, no porque fuera yerno del rey. Y aunque «las cosas se hacían objetivamente de forma no ajustada a la legislación, una legislación confusa ambigua y susceptible de exégesis dispares» como «quienes las hacían no tenían conciencia de ello», no procede condenar a los cinco valencianos absueltos.

Por tanto, tampoco procede la intervención de la Generalitat, personada como perjudicada civil, en el recurso ante el Supremo. «Si se produce una absolución penal la acción civil queda sin juzgar», advierten los magistrados. Por lo que advierten a la Abogacía de la Generalitat que «no está legitimada para debatir en los aspectos penales. No está invitada. Es un convidado de piedra, un mero observador silente». La Generalitat pretendía recuperar los 3,6 millones pagados al Instituto Nóos por los València Summit celebrados de 2005 a 2007.