Aunque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dejó ayer claro que los 633 rescatados por el «Aquarius» recibirán el mismo trato que el resto de migrantes que llegan a las costas españolas sin documentación y a bordo de pateras, las nacionalidades y condiciones personales de estos náufragos hacen que la mayoría de ellos sean acreedores al asilo.
Al menos, si se confirman los datos sobre estas personas recopilados por Médicos sin Fronteras (MSF) y que ayer hizo públicos a través de su cuenta de Twitter la periodista de Radio Nacional de España Sara Alonso Esparza, que viaja a bordo del barco desde el primer día. En el listado se especifica la nacionalidad de 633 -tres más de la cifra que se barajaba hasta ahora-, y si la Policía Nacional consigue confirmar las procedencias, la mayoría serían acreedores potenciales al asilo, ya que son de países con conflictos armados de los que estarían huyendo para salvar sus vidas.
En principio, todos contarán con un permiso temporal de residencia en España, expedido por el Ministerio del Interior para, entre otras cosas, dar tiempo a la policía a averiguar las circunstancias personales exactas, ya que la mera procedencia de un país en guerra no garantiza, por sí misma, que la persona en cuestión esté amenazada de muerte o bajo riesgo de ser encarcelada.
Según ese listado, la inmensa mayoría de las personas que llegarán el domingo a València provienen de estados muy desestabilizados, con cruentas guerras civiles o dictaduras con represiones y genocidios atroces, muchos de ellos derivados de la acción de grupos yihadistas como Boko Haram o Daesh. Es el caso de Eritrea, de donde son 60 de los náufragos, Camerún (6), Nigeria (148), Sudán (152), Sudán del Sur (49), Somalia (5), Níger (1), Mali (11), Etiopía (5), República Democrática del Congo (1), Costa de Marfil (11), Guinea Conakry (22) Pakistán (11) y Afganistán (1). En total, 483 personas. Como mínimo y atendiendo solo a su origen.
Además, hay que tener en cuenta que hay 123 menores a bordo, 90 de los cuales viajan solos. Ninguno de ellos será expulsado dada su condición de menor de edad, que les otorga especial protección. Está previsto que los 90 sean llevados al centro de menores de Alicante y el resto, que viajan en grupos familiares, se quedarán con sus padres en València.
A ellos se suman las siete mujeres embarazadas, que también gozan de protección específica y no podrán ser devueltas a sus países.
Tal como adelantó ayer Levante-EMV a todos ellos se les facilitará nada más desembarcar una presolicitud de asilo, que equivale a una suerte de cita previa para celebrar, en los días siguientes, la entrevista individualizada con especialistas de la Policía Nacional para reunir el máximo número posible de datos personales que se harán constar en la futura demanda de asilo.
La concesión de la condición de asilado o de refugiado es potestad de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), con representantes de cinco ministerios con voz y voto y de la ONG de la ONU Acnur, que tiene voz, pero no voto. Esa comisión está tardando una media de 22 meses, casi dos años, en resolver las solicitudes presentadas por extranjeros no documentados que llegan a España. Hasta ahora, la inmensa mayoría de solicitantes son venezolanos (10.511 en 2017 y 3.568 en el primer trimestre de 2018), seguidos de sirios (4.271 en 2017 y apenas 622 este año).
Mareos y vómitos a bordo
Si el tiempo no empeora aún más en el Mediterráneo, los rescatados llegarán a partir de las once de la mañana del domingo al muelle de cruceros de València, doce horas más tarde del cálculo realizado un día antes. El retraso, que aún puede aumentar, viene dado porque la mala mar obligó ayer al «Aquarius» a variar el rumbo y bordear la isla de Cerdeña por el norte, escoltada por los dos buques de la marina italiana «Orione» y «Dattilo», para sortear los fuertes vientos y las olas de hasta seis metros que obligaron a medicar, solo en el barco de SOS Mediterranée, a 80 de los 106 migrantes que lleva a bordo, para combatir los vómitos y los mareos.
