15 de junio de 2018
15.06.2018
OPERACIÓN ESPERANZA MEDITERRÁNEA

Parte del contingente acabará en centros de internamiento

Los tres buques llegarán escalonados y las familias con menores podrán quedarse en València

15.06.2018 | 00:40
Ximo Puig, y la vicepresidenta del Gobierno central.

No habrá presencia de políticos en la escalonada llegada de los inmigrantes del «Aquarius» prevista para este domingo en el puerto de València. El desembarco se realizará en el muelle de cruceros, de forma escalonada a intervalos de entre dos y tres horas. La atención a cada migrante será individual para poder conocer al detalle su situación, en lo que el Consell califica de una acción solidaria sin precedentes. Un gesto político que casa perfectamente con el gran emblema de la legislatura del Botànic, el de rescatar personas.

Pero el futuro de parte de los inmigrantes está en los centros de internamiento de extranjeros, los polémicos CIE. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ayer después de su reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ese será el destino de parte del contingente.

Se atenderán las peticiones de asilo y aquellos a los que se les conceda pasarán a tener el estatus de refugiados. Pero para saber si reúnen las condiciones de asilo es necesario someterlos a una entrevista y después realizar una serie de comprobaciones. Los que no sean refugiados tendrán que ir a un centro de internamiento y posteriormente devueltos a sus países.

Preguntada directamente sobre los CIE, la vicepresidenta, Carmen Calvo, respondió que se atenderá a los inmigrantes con los protocolos habituales que se aplican ante la llegada de extranjeros. «Unos irán, evidentemente, a centros de internamiento y otros a los de acogida, porque hay que tener en cuenta que vienen menores y mujeres embarazadas», dijo Calvo.

Por la mañana, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había asegurado que se tratará a los inmigrantes del «Aquarius» igual que a los que llegan en patera. Calvo detalló a los medios en el Palau de la Generalitat que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio instrucciones rápidas para dar una respuesta a la crisis humanitaria generada en el Mediterráneo porque así obligan las relaciones internacionales y la propia Constitución española.

Calvo coordina los trabajos en los que participan seis ministerios (Exteriores, Defensa, Interior, Trabajo y Migraciones, Política Territorial y Fomento). De hecho, el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, seguirá desde el puerto el operativo, en calidad de máximo responsable de los Puertos del Estado, Salvamento Marítimo y la Marina Mercante.

Calvo añadió que el desembarco se producirá de forma escalonada, respetuosa y acogedora para que los extranjeros puedan ser atendidos tanto desde el plano jurídico como el sanitario. A Calvo le preocupan especialmente los menores que viajan solos o que han podido ser objeto de algún delito y las mujeres embarazadas o las que hayan sufrido algún tipo de explotación sexual. Los menores que viajan cnon sus familias se quedarán en València.

«Un país acostumbrado»
«Somos un país acostumbrado a responder con solvencia ante estas situaciones -asegura la vicepresidenta- que remarca que la española es una democracia garantista que respeta los derechos humanos y un país avanzado en las políticas sociales de refugio y ayuda.

A la pregunta de una periodista italiana, la número dos del Gobierno de Sánchez respondió que no existe ningún problema con el Ejecutivo italiano sino que esta es una cuestión «de España consigo misma y de sus obligaciones por formar parte de la UE».

Calvo detalló que Interior tiene una oficina específica para abordar esta cuestión y un protocolo para evaluar cada situación y ver si la persona reúne las condiciones para considerarse refugiado. Posteriormente, corresponde al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social abordar los ofrecimientos de las distintas comunidades para ayudar y acoger a los tripulantes. En este punto, Calvo también destacó la predisposición a ayudar por parte de organizaciones como Cruz Roja, Médicos sin Fronteras o Acnur y Puig citó a la Iglesia Católica.

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