El presidente, Ximo Puig, se reunió ayer con los agentes sociales en un encuentro que tuvo los ingredientes de un gabinete de crisis. El objetivo: luchar contrarreloj para que la Comunitat Valenciana regrese al mapa de las redes transeuropeas de transporte de la que, en su opinión, fue sacada con «nocturnidad y alevosía» por el gobierno de Mariano Rajoy. Un reto difícil ya que el Consejo de Ministros de la UE tiene previsto dar luz verde al nuevo mapa, y con él al plan de inversiones 2021-2027, en su reunión del próximo viernes. Por ello, el primer movimiento de piezas de Ximo Puig en el difícil tablero que se le presenta por delante, fue lanzar una imagen de unidad en torno a la reivindicación de que los tramos ferroviarios Sagunt -Zaragoza y entre València-Madrid regresen al mapa de las redes de transporte.

La foto de ayer fue elocuente. Y es que todos los agentes sociales valencianos hicieron un bloque junto al presidente. Allí estuvieron el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda; la representante de la Confederación Empresarial Valenciana, Eva Blasco; el presidente de las Cámaras de Comercio, José Vicente Morata, y los dirigentes de CC OO y UGT, Arturo León e Ismael Sáez. Igualmente, también asistieron el secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, y la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñeiro.

Puig espera conseguir que en el Consejo de Ministros del viernes se modifique la propuesta que hay sobre la mesa y se incluyan las demandas valencianas. O al menos que se logre un aplazamiento que permita ganar tiempo. Para ello, Ximo Puig se reunirá la próxima semana con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que rectifique la decisión de su antecesor. Además, el presidente aprovechará el viaje que tenía programado a Bruselas este lunes y marte para mantener contactos.

Pese a los plazos, Puig cree que «todavía hay tiempo». En este sentido, destacó que aunque el documento fuera aprobado el viernes todavía tiene que pasar por la tramitación del Parlamento Europeo que deberá votarlo a finales de octubre. Antes, desde el mes de agosto, la propuesta debe pasar por un periodo de alegaciones, en la que la europarlamentaria Inmaculada Rodríguez Piñeiro ya estaría trabajando si no se logra reconducir la situación antes.

El presidente destacó la «enorme preocupación» por las consecuencias a largo plazo de quedar fuera de las redes transeuropeas. También el malestar por las formas en que, a su juicio, se había tomado la decisión «de espaldas a las comunidades autónomas», con «oscurantismo» y sin criterios objetivos. En esta línea, Josep Vicent Boira recordó que la suma de los puertos incluidos en la propuesta actual solo representa el 20 % del tráfico de contenedores del puerto de València.

Para todos, más que un problema de inversiones, la exclusión traería una merma para la competitividad valenciana.

Aunque, como recordó Vicente Boluda, las consecuencias financieras en infraestructuras de estar o no en el mapa de las redes tampoco es desdeñable: «el que no está tiene la posibilidad de conseguir un 10 % de su coste en subvenciones y el que está puede llegar al 75 % de fondos europeos».