Más directivos que en AENA. Fue el comentario de una de las interventoras enviada a la sede de la entonces aún Imelsa cuando se encontró la nómina de dirección de la empresa de la Diputación de València y sus consecuencias económicas en las arcas públicas. Lo cuentan empleados de la casa.
Estaban para rastrear la documentación de la gerencia anterior, del PP, con Marcos Benavent (el popular yonqui del dinero) primero y Rafael Soler, después, pero el dispendio en puestos de responsabilidad designados a dedo por los nuevos gestores de PSPV y Compromís les llamó la atención.
No eran ni uno ni dos ni tres. Eran diez. Con un coste para la empresa pública por cada plaza de unos 75.000 euros anuales. Hagan cuentas, que es lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción en 2018, cuando una denuncia de Ciudadanos (según el PP, ellos habían actuado también) volvió a poner el dedo sobre una llaga que el Ministerio Público tenía presente desde dos años antes. Las cantidades citadas, multiplicadas por cuatro años y diez personas, dan una cifra total de 3 millones, una parte importante de la cual no está claro que esté justificada.
Esa es, al menos, la consideración de la Fiscalía Anticorrupción. Más cuando la expedición de la Intervención General del Estado (IGE) que acampó en Imelsa pudo comprobar con sus ojos que alguno de esos altos directivos se dedicaba a funciones como mucho administrativas, si dentro de esta categoría se incluye el transporte de cajas de documentos.
La anomalía detectada por la Intervención quedó reflejada en un acta, que no fue incluida en el caso Taula porque esta se limitó hasta 2015. El documento, no obstante, sí llegó a la Fiscalía Anticorrupción, que no lo olvidó.
De los diez contratos de alta dirección, tres estarían dentro de los criterios admisibles, al tener responsabilidades importantes, personal y presupuesto a su cargo. Son los de los dos cogerentes (Agustina Brines y José Ramón Tíller en principio. El socialista fue sustituido en febrero de 2016 por Víctor Sahuquillo y el último en ocupar este puesto ha sido Xavier Simón) y el del director jurídico, José Luis Vera.
El resto se los repartieron Compromís (cuatro) y PSPV (tres, ya que Vera se incluía en cuota socialista). Fueron designaciones a dedo, realizadas por la gerencia de la empresa, sin pasar por ningún concurso de méritos ni por el consejo de administración.
Los propios servicios jurídicos de la empresa realizaron un informe en contra de estos contratos . Otros expertos en Derecho Laboral también se pronunciaron, así como la consultora Tomarial. Divalterra acumuló así hasta doce estudios en contra de estos puestos y de la forma de cubrirlos.
Sin embargo, el asunto discurrió de manera subterránea hasta que reflotó al principio de 2018. Sucedió que dos de los ocupantes de estos puestos (Voro Femenia, alcalde de l´Alqueria de la Comtessa, y Miguel Ángel Ferri) dejaron dos vacantes.
Femenia pasó a ser diputado provincial al dimitir Diana Morant y Ferri se incorporó a Egevasa. Jorge Rodríguez y la gerencia de la ya Divalterra se plantearon cubrir los agujeros (proponen a dos del entorno de Presidencia, Víctor Jiménez y Lucas Ferrando, que abandonó antes de acceder a la plaza) y el debate se reabrió entonces.
La diputación lo cerró con un informe favorable del jefe de la asesoría jurídica de la corporación y secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda, que había obtenido galones en el equipo de Rodríguez unos meses antes y por el que todos pasaban a tener poderes (una especie de gerencia mancomunada).
Ciudadanos denunció judicialmente, la Fiscalía le advirtió que unía sus argumentos a las diligencias que ya tenía en proceso y la diputación reaccionó eliminando todos los puestos de alta dirección salvo los de los cogerentes y el director jurídico (Vera) en la enésima remodelación de una empresa condenada al escándalo.
