Se barajaba que el cierre de las clínicas odontológicas iDental dejaba «atrapadas» en la Comunitat Valenciana a unas 20.000 personas con tratamientos dentales pendientes y préstamos por pagar aunque la cifra podría, fácilmente, multiplicarse por nueve. Así se desprende de los datos ofrecidos ayer por la portavoz de la plataforma de Afectados de iDental en València, Sol Sánchez que apuntó que solo en la clínica que la cadena tenía en la calle Mariano Cuber de la capital, la Policía Nacional se incautó el pasado viernes «de más de 60.000 historiales de pacientes» y esta era, aunque la mayor, solo una de las cinco clínicas que operaban en la Comunitat Valenciana junto a las de Alfafar, Elx, Alicante y Betxí, en Castelló.
La entrada en las clínicas y la incautación de historiales formó parte de una operación conjunta en toda España ordenada por el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga a las clínicas low cost por los delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, además de posible blanqueo de capitales.
Mientras otras plataformas de afectados -como la de Asturias- están presionando a sus correspondientes conserjerías para disponer de los historiales incautados cuanto antes, desde la asociación de Valencia entienden que el volumen de documentación recabada por los inspectores de Sanidad es tal que no va a ser posible disponer individualmente de los historiales en un plazo corto de tiempo. «Conociendo las cifras entiendo que hay que dar un margen para trabajar a los responsables de la conselleria», aseguró Sol Sánchez.
Sanidad se ha comprometido a trabajar ahora en ordenar y digitalizar los documentos para ponerlos a disposición de los pacientes en cada una de las tres provincias. Recuperarlos es vital para los afectados ya que los necesitan tanto para seguir sus tratamientos dentales con garantías como para interponer las correspondientes denuncias.
Amenazas para seguir pagando
En este sentido Sánchez aseguró que los primeros pasos a dar serán las reclamaciones económicas para recuperar lo pagado a través de financieras por los tratamientos contratados y no completados. «Cada uno de los pacientes ha firmado un acuerdo de financiación de un promedio de 4.000 euros, lo que hace que por solo los pacientes de la clínica de Mariano Cuber, estaríamos hablando de un volumen de 280 millones de euros», apuntó Sánchez. Hasta que se pueda empezar a reclamar el dinero, la presidenta de la plataforma aconsejó a los afectados seguir pagando las cuotas.
«No podemos dejar de pagar. Aunque después tengamos que reclamar intereses, las financieras podrían ahora iniciar demandas contra nosotros por morosos», aseguró. De hecho, han sido varios los afectados que han sido conminados por las financieras a seguir pagando las cuotas bajo amenaza de recibir una denuncia. Sánchez pidió la intercesión de Consumo para conseguir que se anularan los préstamos por tratamientos que no se están recibiendo.
