La posibilidad de adelanto electoral que planea sobre las elecciones autonómicas dejaría inconcluso el trabajo legislativo que el Botànic ha llevado a cabo estos años en las Corts. Veintidós iniciativas entre proyectos de ley del Consell y proposiciones de los partidos del Botànic guardan su turno en la cámara valenciana en espera de llegar a pleno y salir aprobadas antes de que acabe la legislatura.
El de la agenda legislativa inacabada es el principal argumento de quienes defienden que no es buen momento para adelantar las elecciones, posición en la que están mayoritariamente cargos de Compromís y Podemos mientras que en el PSPV la idea de adelantar las elecciones tiene más seguidores. Hay quien piensa que aunque se produjera el adelanto y las Corts tuvieran que disolverse antes de tiempo, la combinación más probable de gobierno para la próxima legislatura sería la reedición del Botànic por lo tanto el calendario legislativo se retomaría tras las elecciones y las leyes pendientes volverían a presentarse. Además, un buen puñado de normas tampoco saldrán aunque acabe la legislatura en mayo de 2019.
Con todo hay cuestiones aún relevantes para el Pacte del Botànic pendientes de aprobar. Normas como la de Infancia y Adolescencia, sobre la que el departamento que dirige Mónica Oltra ha dedicado mucho trabajo peligra si se produce el adelanto aunque se tramita en las Corts por vía de urgencia .
Otra ley que lleva la etiqueta de urgente es la de modificación de la ley Ordenación del Territorio y Urbanismo (Lotup) que en estos momentos está pendiente del debate en pleno y que es clave para el Botànic porque reformaría la del PP e introduciría novedades en la defensa del territorio.
En un hipotético adelanto electoral, las elecciones se celebrarían antes de fin de año, por los que las Corts quedarían disueltas como recoge el Estatut 54 días antes de la fecha elegida para los comicios. En ese supuesto la actividad legislativa apenas duraría unas semanas tras la vuelta de vacaciones. La potestad de elegir fecha, disolver las Corts y convocar a los valencianos a las urnas es exclusiva del presidente de la Generalitat. Como este diario adelantó el pasado mes de julio, el presidente sondeó a los notables de su partido para escuchar su opinión sobre el adelanto electoral, pero lo último que Puig (que nunca ha cerrado la puerta) ha dicho en público es que no ve que en estos momentos se den las circunstancias necesarias para el adelanto, aunque la tensión entre los socios desatada este mes de agosto podría allanar el camino si ese desencuentro persiste en el debate de Política General que se celebrará en apenas 15 días.
También quedaría paralizadas en caso de adelanto la tramitación de leyes que eran importantes para los partidos del Botànic, como la de Mancomunidades en la que el ejecutivo lleva trabajando prácticamente desde que comenzó la legislatura o la que mejoraría la inspección general de servicios e instalaría un sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Generalitat y el sector público, igual que la ley reguladora de la actividad de los lobbys, también pendiente.
Normas clave
En trámite están también leyes muy botánicas como la de Igualdad de las personas LGTBI o la Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana que busca fomentar la solución de conflictos por otras vías que no sean las estrictamente jurisdiccionales con métodos alternativos de mediación y arbitraje.
Tampoco sería posible aprobar leyes clave de la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián como la de Estructuras Agrarias o la de modificación de contratos agrarios. También eran de gran importancia para el Botànic en su día y quedarían paralizadas la de modificación de la Ley de Seguridad Ferroviaria, la de Fomento de la Economía Circular que incluye una gestión más eficiente de los residuos; la de delimitación de las comarcas o la reforma del Estatuto de expresidentes. Lo mismo que la modificación de la ley Electoral para rebajar el listón electoral, aunque depende del concurso de Ciudadanos y podría caer por fata de apoyo.
