El «simpa» del PP en la Institución Ferial Alicante (IFA) por un acto celebrado en abril de 2009 puede que no acabe saliendo gratis. El fiscal Anticorrupción de Alicante ha abierto diligencias de investigación por este «simpa».

El Ministerio Público ya ha solicitado a la actual cúpula del recinto ferial que aporte al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada de la Policía Judicial toda la documentación. Por eso, ayer por la mañana se personaron dos agentes en la feria para requerir toda la información: desde la identidad de las personas que integraban el comité de dirección y el patronato o la del responsable de la contabilidad, hasta certificados de la inexistencia de la factura o de las actuaciones realizadas desde abril de 2009 para reclamar al PP el pago de los gastos que ocasionó una cena para 3.000 personas en abril de 2009.

En abril, la entonces portavoz adjunta del grupo socialista, Ana Barceló, hoy consellera de Sanidad, solicitaba al departamento de Rafa Climent copia de las facturas emitidas por IFA por actos del PP entre 2003 y 2015, y reclamaba saber si se había hecho efectivo el pago.

El caso es que esa petición se materializaría en un informe de 31 de mayo elaborado desde la institución, ratificado, además, por el director general de Comercio, Natxo Costa, en respuesta parlamentaria. Se evidenciaba ahí que el PP celebró una cena en la feria el 25 de abril de 2009, pero que no sólo no pagó los algo más de 8.000 euros adeudados, sino que no había ni rastro de la factura.

Y todo pese a que sí existía un presupuesto y pese a que crónicas y fotografías atestiguan la celebración en IFA del acto de arranque de la precampaña del PP en las europeas de 2009, que reunió a 3.000 personas.

Un último detalle: Ana Barceló, que fue quien planteó la pregunta parlamentaria, encabezaba la ejecutiva de los socialistas alicantinos en 2011, año desde el que la secretaría provincial del PSPV adeuda 2.000 euros por unas jornadas de formación celebradas en el recinto.

La Conselleria de Economía sostiene que en el caso de los socialistas existía factura y es un episodio de morosidad más, mientras que en el del PP no hay constancia de factura alguna y creen que puede ser una infracción penal.