La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha reconocido en un desayuno informativo con la prensa que el parricidio de Castelló es un claro ejemplo del "fracaso del sistema judicial" cuando se trata de proteger a las víctimas de violencia de género y, como es el caso, de quienes son capaces de enfrentar el miedo a su agresor y presentan una denuncia. "Hay que asumir los fallos y cambiar los recursos y la metodología", ha dicho.

"No podemos decir que es culpa de nadie porque el sistema ha fallado", ha añadido. "Llega el momento de ponerse las pilas, de hacer una análisis de fondo; la Administración tiene que poner los recursos que hagan falta y los jueces y fiscales analizar también su forma de actuar", ha añadido la titular de Justicia, si bien ha indicado que pensaba que la jueza del caso hizo "su trabajo lo mejor posible" con la información de la que disponía.

La consellera ha recordado que el test realizado por la policía para el informe de evaluación inicial de riesgo concluyó que existía un riego bajo. Bravo se ha referido a este asunto a preguntas de los periodistas durante una comparecencia para dar a conocer las conclusiones del grupo de trabajo creado por la conselleria para "la revisión de los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en los casos de violencia de género y para la propuesta de mejora de la formación especializada del personal al servicio de la administración de Justicia de la Comunitat Valenciana".

Se trata de un trabajo que Justicia encargó a raíz del asesinato de una mujer en Elda por parte de su expareja a las puertas del colegio y delante de su hijo pequeño. El informe, que ha coincidido con el asesinato en Castelló de un padre a sus dos hijas de tres y seis años, tenía por objetivo revisar los protocolos y detectar los fallos, así como hacer una propuesta de mejora. Una de las principales conclusiones del estudio es la escasa utilización de los informes de valoración de riesgo al Instituto de Medicina Legal, un estudio que se centra en valorar la peligrosidad del agresor y no tanto de la vulnerabilidad de la víctima y que es complementario de la valoración de riesgo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De ahí, que una de las propuestas es reforzar las unidades especializadas de forenses en las tres provincias y la exigencia a este personal de presentarse en los juzgados de forma imedianta cuando sea requerido por los juzgados. Además deberán hacer guardias de 24 horas. Bravo ha anunciado además que en 2019 dotará el presupuesto para crear unidades comarcales y para ampliar de 22 a 36 las oficinas de atención a la víctima, para que estén presentes en todos los partidos judiciales.