En las Corts Valencianes hay dos comisiones de investigación que van a concentrar en los próximos cinco meses (hasta la disolución de la cámara a primeros de abril de 2019) mucha tensión.

La primera, la que indaga sobre la financiación electoral de PSPV y Bloc entre 2007 y 2008, comenzó este jueves y ya acabó con los diputados a gritos entre interrupciones y llamadas al orden antes de que se aprobara el plan de trabajo y se fijara la fecha de la próxima cita.

La segunda se activa el próximo lunes, con la primera sesión de la investigación sobre la contratación de la Generalitat con la trama investigada en el marco de la Operación Taula, lo que saca a escena la financiación del PP.

Ha sido una sesión intensa y bronca, pero sobre todo con mucho cálculo político. Ciudadanos y PP reclamaban la comparecencia de los líderes de PSPV y Compromís, Ximo Puig y Mónica Oltra, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero entre muchos otros, mientras PSPV y Compromís pasaban el trago con una estrategia de minimizar daños.

La clave la tenía Podemos y por eso PP y Cs acusaron a la formación morada de hacer el trabajo a PSPV y Compromís y «blindar» a Puig y Oltra y evitar las comparecencias de mayor calado.

El plan de trabajo aprobado, el podemita, «salva» a Puig, Oltra, Zapatero o Bernat Soria de comparecer, pero la formación morada deja claro que su intención es que las conclusiones se conozcan en abril, antes de cerrar las Corts, es decir en plena precampaña.

La formación morada ostenta la presidencia de la comisión de investigación, aunque su titular el diputado César Jiménez tuvo que ausentarse porque acaba de ser padre, de forma que su sustituta, la socialista Toñi Serna, tuvo que lidiar con la algarada callejera en la que por momentos derivó la comisión e incluso tuvo que llamar al orden a los diputados.

La comisión aprobó finalmente las comparecencias del diputados del PP José Císcar, el supuesto denunciante del caso de presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc (socios mayoritario de Compromís); los exalcaldes de Gandia Jose Manuel Orengo y Arturo Torró; el exgerente de la empresa Crespo Gomar, Alberto Gomar; el exsocio José Crespo; el exempleado Jose Ramón Tiller; la exministra Cristina Narbona; la exdirectora general del ministerio de Sanidad Etelvina Andreu; el presidente del Bloc y ahora de las Corts, Enric Morera; el responsable de las finanzas, Xavier Martí; el de campaña; Lluís Miquel Campos; los exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro o Manuel Pérez Fenoll; el exsecretario de Finanzas del PSPV José Cataluña; el exlíder Joan Ignasi Pla o la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo. También otros exconcejales de Dénia Gandia y Benidorm.

Además, tendrán que comparecer representantes de las empresas Hospimar 2000, Burguer King Spain, Construcciones Blauverd, Lubasa, Egevasa, Fomento Urbano de Castelló o el empresario alicantino Enrique Ortiz, de quien Podemos asegura que puede ser conocedor de información relevante para la comisión.

Ampliación de comparecientes

Con todo, en Podemos aseguran que si durante la celebración de las sesiones se deduce la necesidad de ampliar el listado de comparecientes, se hará. Mientras, Compromís y PSPV, que son los investigados, no presentaron plan de trabajo. La portavoz de Podemos en la comisión, Cristina Cabedo, dejó claro la urgencia con la que su partido acomete la investigación. Llegó a acusar a Cs de presentar un plan de trabajo vergonzoso porque llevaba el dictamen a un plazo de nueve meses, lo que impedía que las conclusiones se aprobaran antes del final de legislatura.

Mientras, la portavoz del PSPV, Rosa Peris, asegura que la causa ya ha tenido un archivo en un juzgado de València y negó la financión irregular de los socialistas.