El sindicato CSIF ha recurrido ante los tribunales la norma de la Conselleria de Sanidad que "amplía" las competencias de las farmacias comunitarias que podrán, en un futuro, realizar revisiones de botiquines, por ejemplo, los llamados servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Así lo anunciaron ayer desde el sindicato, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación.
Según defendieron desde CSIF a través de un comunicado, el decreto constituye una "privatización encubierta" de servicios ya que se estará permitiendo que ciertos recursos asistenciales se "externalicen" a través de las oficinas de farmacia. El decreto da cobertura a un sistema de trabajo que ya se está probando de manera piloto en las tres provincias bajo el nombre de Domi-EQIFar y gracias al que, en un futuro, la Conselleria de Sanidad quería dar atención domiciliaria farmacológica a unos 30.000 dependientes que residen en sus casas.
El programa plantea ofrecer una atención farmacéutica individualizada y a domicilio a las personas con algún grado de dependencia reconocida y que vivan en sus casas a cargo de un cuidador no profesional.
Según estimaciones de la Conselleria de Sanidad, hasta el 72 % de personas en este colectivo son polimedicados, es decir, que se toman a la vez cinco o más fármacos (la media es de ocho tratamientos por paciente) por lo que se hace más importante hacer un seguimient
CSIF explica, a través de un comunicado, que "lo último que se le ha ocurrido a la administración es la creación de la farmacia comunitaria". "Por medio de un convenio con empresas privadas, en este caso oficinas de farmacia, dará un servicio a la población con visitas a domicilio de pacientes crónicos o revisión de botiquines", apuntan desde esta organización.
El sindicato cree que esto supone "un deterioro de la sanidad pública al quitar competencias a profesionales de Atención Primaria, sobre todo de Enfermería".
CSIF ha trasladado su oposición a la Conselleria de Sanidad, ya que "estas tareas deben realizarse desde la propia sanidad pública potenciando la Enfermería de Atención Primaria, mejorando la ratio de profesionales por pacientes y destacando su labor".
La central sindical lamenta que la administración "no se haya reunido previamente con las fuerzas sindicales para aplicar una medida que afecta a las condiciones de los empleados públicos, además de suponer una privatización encubierta y vulnerar la libertad del paciente de elegir farmacia".
El sindicato apunta que "este tipo de medidas no ayuda para nada a mejorar la sanidad pública", y ha exigido a Conselleria de Sanidad que derogue el decreto 188/2018, de 19 de octubre del Consell".
Satse también recurrió
El recurso de CSIF al decreto se une al ya presentado por el sindicato de Enfermería, Satse, que anunció a finales de octubre que iba a hacer lo propio y pedir su nulidad al considerar que supone una "clara privatización de servicios asistenciales públicos en favor del colectivo empresarial farmacéutico", que "realizaría dichas actividades asistenciales a cambio de una remuneración económica directa o indirecta".
