En diciembre de 2016, la Generalitat informó en un comunicado del acuerdo entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y Parques Reunidos sobre la gestión de l'Oceanogràfic, un pacto que ponía fin a sus respectivas reclamaciones judiciales que se dirimían en los tribunales desde 2014.
El procedimiento se había iniciado por una demanda en la que la filial de Parques Reunidos en Valencia, ahora en liquidación, solicitaba a Cacsa el pago de 10,4 millones de euros (IVA incluido) por facturas reconocidas e impagadas.
La Ciudad de las Artes, por su parte, presentó una demanda contra Parques Reunidos Valencia en la que reclamaba una indemnización de 6,8 millones de euros por el estado de algunas instalaciones de l'Oceanogràfic y otra de 33,5 millones por lucro cesante.
El comunicado establecía que ambas partes, «después de valorar la situación y realizar concesiones recíprocas», han alcanzado una solución de compromiso «para poner fin de forma definitiva a sus disputas retirando todas las acciones judiciales».
«De esta forma, ponen fin a sus diferencias y manifiestan su voluntad de no realizar ningún tipo de reclamación en el futuro», añadía la nota. Ambas partes, concluía el escrito, desean ahora que l'Oceanogràfic «siga siendo un referente mundial de excelencia en parques marinos y un polo de atracción de la ciudad de Valencia».
Los términos de la nota de prensa fueron pactados con puntos y comas, según revela el informe del Consell de Transparencia, que reproduce la cláusula de confidencialidad. En ella ambas partes se comprometían a mantener «la estricta confidencialidad» de los términos del acuerdo.
Sólo como «excepción», se acordaba que «informaran del presente acuerdo única y exclusivamente mediante una nota de prensa» cuya redacción incluso se añadió como anexo al documento pactado. Se añadió que ninguna de las dos partes podría «directa o indirectamente, publicar o difundir o divulgar de cualquier modo, verbal o escrito o por cualquier medio o soporte, información alguna sobre el acuerdo sin el consentimiento escrito de la otra». Un veto que ahora el Consell de Transparencia ha levantado.
