La Fiscalía ha solicitado a la juez que investiga las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a la consultora de comunicación Crespo Gomar, investigada por la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc, que acuerde el archivo de esta instrucción que a finales de agosto, fue declarada compleja, por lo que su duración se amplió otros 18 meses.
Según fuentes del Ministerio Público, se ha adherido a la Abogacía del Estado, que ya solicitó el sobreseimiento de esta causa al no apreciar la comisión de algún delito en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe de 126.208 euros.
La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, investiga a altos cargos del Ministerio de Vivienda y a funcionarios de este departamento, como el jefe de Gabinete de la exministra Beatriz Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta, el exsubsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación. Todos están investigados por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.
Según la Fiscalía, «las irregularidades denunciadas, objeto de este procedimiento, carecen de relevancia jurídico penal», dice el escrito de la Fiscalía, que apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, argumenta que «no puede ser confundida la ilegalidad administrativa con el delito de prevaricación», que a su parecer, en este caso no se habría producido porque «ninguno de los acusados conocía la empresa adjudicataria, tampoco existen otros indicios que permitan apreciar una relación entre ellos».
La titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid también archivó la otra investigación que se seguía contra la exdirectora general de Consumo, Etelvina Andreu, y otros 9 miembros de la mesa de contratración y un alto directivo del Ministerio de Sanidad por adjudicar a Crespo Gomar SL una campaña de publicidad institucional por 184.138,40 euros en 2008.
