El problema se veía venir desde hace tiempo, pero al final el toro ha pillado a la mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Las alarmas están encendidas en los municipios valencianos, sobre todo en los de menor población, desde el pasado sábado con el decreto del Gobierno central que abre la puerta a la jubilación anticipada de cientos de policías locales.
La norma, que entrará en vigor el próximo día 2 de enero, da satisfacción a una reivindicación histórica: el reconocimiento de un coeficiente reductor de edad de jubilación al colectivo de los cuerpos de policía local. La vía legal, que lleva años en cocinas, permite en la práctica que aquellos agentes con más años de servicio puedan prejubilarse a los 60 años.
Dos mil personas, según las estimaciones de los sindicatos; y poco más de mil, según la Generalitat. La otra cara de la moneda son plantillas diezmadas, sobre todo en municipios pequeños, y una espera sine die para la entrada de nuevos agentes. Este escenario, que ya los sindicatos y la propia Generalitat vaticinaban, se ha convertido en realidad y ha pillado con el pie cambiado a la mayoría de los ayuntamientos que no tienen listas las ofertas de empleo que habrían evitado el caos.
Las estimaciones en ayuntamientos como el de València capital son de perder hasta 247 agentes locales. Sin embargo, Paco Caballero, secretario de Administración Local de la Fesp-UGT, advierte de que el problema de verdad lo tienen las pequeñas corporaciones con plantillas cortas donde si uno o dos policías se jubilan, les genera un problema de gestión importante.
Aunque son las corporaciones locales quienes tienen las competencias para sacar las oposiciones, el asunto ha salpicado también a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, organismo adscrito a Presidencia de la Generalitat, que hace un año impulsó la ley de coordinación de policías locales, una norma que, entre otros objetivos, buscada solucionar el alto nivel de interinidad.
Ante el problema que viene encima a los ayuntamientos, Presidencia está dispuesta a intervenir y tiene ya encima de la mesa una propuesta consensuada por los sindicatos que abre la puerta a una suerte de oposiciones exprés, proceso selectivos más reducidos, que puedan acortar los plazos par la selección de nuevos policías locales. Hoy jueves hay prevista una reunión de urgencia en que se abordará la propuesta.
La idea es aprobar un decreto (en desarrollo de la ley valenciana de coordinación de policías locales) que permita a la Generalitat centralizar los procesos selectivos de todos los ayuntamientos. El objetivo es agilizar los trámites, aunque en todo caso requiere que los ayuntamientos deleguen la competencia. La vía extraordinaria tiene precedentes, ya que es la fórmula a la que han acudido otras comunidades como Galicia, Extremadura y País Vasco.
En principio, el Consell se decanta por la fórmula de la encomienda de gestión, de tal manera, que la Agencia Valenciana de Seguridad centralizaría los procesos de selección. Se trataría pues de una convocatoria única para cubrir las plazas vacantes que se den a partir de enero de 2019.
Las pruebas, además, seguirían un proceso más reducido que las habituales. La idea es que de las siete que suelen acompañar un proceso estándar, pasen a cuatro. Emergencias, no obstante, advierte que serán rigurosos y que la propuesta debe superar los informes de la Abogacía y del Jurídic Consultiu.
Fuentes del departamento que dirige Jose María Ángel confirmaron ayer a este diario que la Generalitat tratará de evitar que el problema se agrave, si bien se responsabilizó a los ayuntamientos por no haber hechos los deberes. Durante los años 2017 y 2018, el Gobierno abrió la mano en las ofertas de empleo público.
