La posible suspensión temporal de la caza a la que se ve abocada la Conselleria de Medio Ambiente ha sido recibida con «enorme preocupación e indignación» por parte de los cazadores, que ya advierten de que no van a renunciar a sus derechos. La temporada pende de un hilo en la provincia de València, tal como avanzaba Levante-EMV, tras una investigación abierta por la Fiscalía Provincial al denunciar CGT-PV que se estaban autorizando cotos sin tener aprobado el Plan de Ordenación Cinegética al que obliga la ley. La reacción de los afectados no se hizo esperar y ayer ya avanzaban incluso movilizaciones. «No vamos a tolerar el recorte de un solo día, porque nosotros hemos cumplido», advierte Raúl Esteban, presidente de la FCCV. Los planes técnicos ahora cuestionados salían adelante desde hace dos años «por silencio administrativo», sin la obligatoria supervisión por parte de la administración autonómica. Algo no permitido por la nueva Ley de Procedimiento de 2015.

La propia Ley de Caza de 2004 considera una «infracción muy grave» practicar la actividad cinegética sin contar con esos PTOC, de ahí el conflicto que ahora se le presenta al departamento que dirige Elena Cebrián. En la mañana del viernes ya hubo una primera reunión en la conselleria con el subdirector de la Dirección General de Medio Ambiente, Josep Nebot, para intentar buscar una salida al atolladero legal. Cuestión duramente criticada por los cazadores, que insisten en su «indignación» ya que desde hace tiempo habían ofrecido «distintas soluciones jurídicas ajustadas a la legalidad serias y responsables para dotar de mayor seguridad a la aprobación de los planes técnicos».

«Hemos cumplido religiosamente con nuestras obligaciones, habiendo presentado en tiempo y forma los planes técnicos correspondientes y cuando además existe igualmente un informe solvente, exhaustivo y excelentemente fundado en derecho de la propia dirección territorial que avala el silencio administrativo positivo», según Esteban. Además, recuerda que la medida del cierre supondría, «al margen de la responsabilidad patrimonial administrativa, un desastre ecológico de proporciones incalculables, atendiendo a las superpoblaciones actuales de caza mayor y conejo que incrementaría aún más los accidentes de tráfico, la posibilidad de zoonosis y epizootias como la fiebre porcina africana, los daños a la agricultura, ganadería y a las instalaciones públicas, la endogamia genética y la destrucción de hábitats y especies protegidas».

La suspensión de la caza afectaría a 157 cotos de la provincia de València, algunos de ellos en espacios protegidos (70) y parques naturales (6). La temporada, según los cazadores, se encuentra en un tramo importante, pues la menor finaliza el 6 de enero pero tiene una prórroga para el tordo hasta el 10 de febrero. En cuanto a la mayor, acaba a finales de febrero. «La reunión ha tenido un talante dialogante y vemos predisposición para buscar una solución, pero nosotros no somos los causantes, somos las víctimas de un problema que no hemos creado», defiende Esteban. Al margen de la intervención de la Fiscalía -atendiendo a la denuncia contencioso-administrativa de CGT-, Abogacía de la Generalitat ha emitido hasta dos informes desestimando la aprobación de los PTOC por silencio administrativo.