Entre las mujeres valencianas se han disparado las alarmas. La voluntad del PP de dialogar con Vox ante un posible pacto de Gobierno hace temer que existe una «amenza real» a los derechos conseguidos por las mujeres y por las víctimas de violencia machista.

Este temor viene de la mano del anuncio de los populares valencianos, recogido ayer por este periódico, de la intención del partido que preside Isabel Bonig de contemplar la creación de una línea de ayudas a los hombres víctimas de violencia doméstica, tal como han admitido sus compañeros de Andalucía para lograr el apoyo de la formación ultra. Una de las exigencias de Vox para un posible pacto, pero no la única, puesto que tal como confirmó el presidente de este partido en València, José María Llanos, también se va a condicionar una posible alianza electoral con PP y Ciudadanos a eliminar las ayudas a las víctimas de violencia machista y un cambio de la legislación en este área.

Y ante esto surgen las preocupaciones que «afectan a todas las mujeres, independientemente de su ideología política», explica Candi Barroso, de la plataforma Alerta Feminista. «No se trata de las mujeres de izquierdas, se trata de los derechos del 51 % de la población», comenta mientras hace hincapié en que hay asociaciones de corte más conservador que cuentan con casas de acogida para mujeres maltratadas o talleres de formación que reciben parte de las ayudas públicas que se encuentran en el punto de mira.

Barroso reprocha que desde el entorno de Vox se hable del «negocio de la violencia de género» cuando se refieren a las subvenciones que reciben algunas instituciones que ayudan a las víctimas de la violencia de género, «pero ¿qué negocio?, ayudar a las mujeres que han sufrido abusos y vejaciones y que se encuentran desprotegidas por carecer de una red de apoyo es fundamental», reflexiona.

Además de intranquilidad, entre las mujeres que defienden los derechos femeninos reina la «sorpresa» ante el avance de una formación política que supone un «aldabonazo que nos llevaría de vuelta a la carencia de derechos propia del siglo XIX», según palabras de la jurista Julia Sevilla, quien es, además, fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunitat Valenciana. Aunque esta posibilidad en realidad tampoco le choca demasiado, porque la política «crea extraños compañeros de cama», sentencia.

Sevilla alerta de que las posibles concesiones que se lleven a cabo en materia de violencia de género, «ponen en peligro el Estado social». Y advierte de que es un error mezclar la violencia doméstica con la de género. «Esta última tiene que ver con la ejercida contra la mujer por el simple hecho de serlo» y genera casos en los que mujeres son asesinadas o maltratadas bajo el paradigma de «tengo derecho a vejarte o incluso de matarte» por la connotación de desigualdad de sexos y el sometimiento.

Y aunque, en su opinión, «no pondría la mano en el fuego»ante la posibilidad de que un pacto entre las siglas de derechas llevara a la eliminación de las ayudas a mujeres maltratadas, asegura que las organizaciones feministas están «dispuestas a impedir que haya un retroceso».

En esta misma línea se muestra Beatriu Cardona, de Intersindical Valenciana. «No permitiremos volver atrás, la vida nos va en ello», afirma contundente. Las propuestas de Vox «ponen en peligro la base de la igualdad» cuando las asociaciones feministas «tan solo defienden la equidad de las personas». Con respecto a la posibilidad de que prosperen las alianzas políticas que conlleven los temidos cambios en materia de igualdad, Cardona es optimista: «intuyo que ninguna entidad se retractará del pacto valenciano contra la violencia machista. En València el movimiento feminista es muy potente».