Las 19 propuestas del partido de extrema derecha Vox para la investidura del presidente de Andalucía han dejado atónitos al PP y Cs. "Inaceptable" es la palabra que utilizaron ayer los populares al leer el texto. ¿Qué pasaría si las condiciones se propusieran en la C. Valenciana? Si el escenario andaluz se extrapolara al valenciano, ¿a qué afectaría?
Las iniciativas más polémicas llegan con lo referido a derechos fundamentales. Vox propone en Andalucía "colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados" porque la Junta "encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación para expulsar 52.000 inmigrantes ilegales".
En la C. Valenciana las personas sin papeles de residencia se cifran en 49.201 según un estudio de la Universitat de València de junio del año pasado, que fue encargado por Mónica Oltra. El estudio se encargó, precisamente, para hacer una idea de a cuántas personas podría beneficiar la Renta Valenciana de Inclusión, una línea de financiación que también sería suprimida por Vox en València porque en Andalucía piden aplacar el "efecto llamada" de la inmigración que se produce con las ayudas a los inmigrantes ilegales.
El siguiente colectivo al que Vox pretende recortar derechos es a la mitad de la población: las mujeres. Supondría eliminar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, el primer acuerdo que se firmó en España en esta materia. El acuerdo contiene casi 300 medidas para proteger a las mujeres que han sido víctimas de malos tratos por un hombre precisamente el hecho de ser mujer.
La contraoferta del PP de Pablo Casado de ampliar la línea de ayudas e indeminizar a los hombres que hayan sido víctima de violencia por cualquier miembro de la unidad familiar dinamitaría el pacto valenciano, que se contempla expresamente para mujeres ya que según las estadísticas estatales el 95% de los condenados por violencia en la pareja y cerca del 100% de los agresores sexuales son hombres.
Vox busca acabar con las iniciativas que la administración andaluza impulsa porque "prevén un adoctrinamiento permanente sobre perspectiva de género a la infancia y a la sociedad en su conjunto". Cualquier campaña de sensibilización valenciana tendría que ser eliminada para invisibilizar el problema estructural de la violencia de género. En la Comunitat Valenciana, cabe recordar, hubo unanimidad de todos los partidos políticos en el voto a favor al pacto valenciano para combatir la lacra social machista.
Y no solo eso. En Andalucía proponen la supresión del "bosque de organismos dedicados a la imposición de la perspectiva de género". En la Comunitat Valenciana, alguno de ellos sería el Observatorio de Género, el Observatorio de Publicidad No Sexista, el Consejo Valenciano de la Mujer o la ley de 2003 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El colectivo LGTBI es otra de las dianas a las que apunta la extrema derecha de Abascal. Según las condiciones andaluzas, en la Comunitat Valenciana se suprimiría la reciente ley aprobada en las Corts y que es la más avanzada de España por la cobertura que da al colectivo.
Para Vox, los derechos de los homosexuales y transexuales están "reconocidos" en "leyes ordinarias y en la Constitución". Sentencian que España "no es un país homófobo que necesite leyes especiales".
En las Corts, PSPV, Compromís, Podemos y Cs votaron a favor de la norma y el PPCV se abstuvo. Se contempla la prohibición de terapias para modificar la orientación sexual e incluye un espacio dedicado a las personas con variaciones intersexuales, con escasa mención en otras normas autonómicas. Las multas por terapias consideradas "ilegales" llegarían a los 120.000 euros y, para el cumplimiento de la norma se creó el Consejo Valenciano LGTBI. Todo ello sería suprimido, incluída la norma que protege exclusivamente a los transexuales.
En la retahíla de proposiciones de Vox, se blindan ciertas "tradiciones". Se impulsaría una "ley de protección de la cultura popular y de las tradiciones del mundo rural" como el flamenco y la Semana Santa, y otra que protega "la tauromaquia y la actividad cinegética". Lo cierto es que en la C. Valenciana el partido de ultraderecha que dirige José María Llanos ya se propuso conquistar el voto de aficionados a la caza y los toros, como también está haciendo el PP.
En València, la marca blanca de Podemos, València en Comú, pidió a Ribó València poner fin a las corridas de toros en la capital y seguir el ejemplo de lo que se hizo en Barcelona, y a nivel autonómico los "bous al carrer" están en la cuerda floja y cuetionados por distintos grupos políticos.
Y no solo eso: en Andalucía se propone cambiar la fiesta autonómica al 2 de enero "en conmemoración de la culminación de la reconquista". En el caso valenciano, se supone que se mantendría el 9 d'Octubre por tratarse de la toma de la ciudad por parte de Jaume I y la expulsión de los árabes pero dando más relevancia al acto católico. El Ayuntamiento de València, con el Govern de la Nau, eliminó la entrada de la Senyera en la Catedral de la ciudad.
En cuanto a la protección de la cultura popular, en la C. Valenciana existe un precedente. La Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano fue aprobada en solitario por el PP poco antes de agotar la legislatura de Alberto Fabra en 2015 y que contemplaba la pérdida del derecho al cobro de subvenciones públicas de quienes las menosprecien o agravien. Aseguraron entonces que no iba "contra nadie" y buscaba "mantener vivas las tradiciones". El Consell del Botànic la derogó once meses después.
Vox también pide controlar el "fundamentalismo islámico" y se exigirá cooperación a la comunidad islámica para expulsar a los "elementos radicales". En la C. Valenciana, el Botànic busca integrarles e incluso impulsó que la asignatura de religión islámica se impartiera en algunos centros de Valencia y Alicante.
La ley de Memoria Histórica sería otra de las líneas rojas que marcaría Vox. Su supresión se daría porque se impone "una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982". La C. Valenciana se ha situado como pionera en la implantación de esta norma. La Diputación de València es la única institución pública en España que colabora en la exhumación de fosas comunes, e incluso la Conselleria de Justicia existe un área centrada en esta materia, por la que se ha impulsado un banco de ADN para identificación de víctimas.
Otra de las medidas que se podrían proponer de darse un posible pacto con Vox sería la de "adelagazar" la televisión pública. Según las condiciones andaluzas, habría que recortar a la mitad su presupuesto. Esto dejaría a la recién nacida À Punt con algo más de 27 millones de euros de presupuesto de los 55 con los que cuenta. Proponen suprimir "organismos públicos de control de medios de comunicación" como es el Consejo Audiovisual de Andalucía que, en el caso valenciano, aún no se ha puesto en marcha.
