Medio Ambiente suspende la caza en unos 140 cotos a instancia de Fiscalía
La conselleria estaba autorizando cazar desde hace dos años de forma irregular al aprobar los Planes Técnicos de Actividad Cinegética por "silencio administrativo", algo que no permite la ley

Medio Ambiente suspende la caza en unos 140 cotos a instancia de Fiscalía
La Dirección Territorial de Medio Ambiente va a empezar a notificar a los responsables de hasta 140 cotos de la provincia de València la suspensión de la temporada de caza. Motivo: No tener los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética aprobados, tras una investigación abierta por la Fiscalía Provincial. Los PTOC han salido adelante estos dos últimos años «por silencio administrativo», algo no permitido por la nueva Ley de Procedimiento de 2015. Aunque el departamento de Elena Cebrián ha creado una especie de gabinete de crisis y ha nombrado un técnico responsable para dar salida a esos expedientes, admite que solo podrá revisar algunos - unos quince o veinte-, entre ellos aquellos que afectan a los Parques Naturales. El resto, hasta los 157 denunciados, no podrán ser estudiados y por tanto no se podrá seguir cazando en ellos.
En cualquier caso, aunque ahora se inicia el procedimiento, los tiempos administrativos se solaparán con el fin de la campaña de caza 2018-2019 en la Comunitat Valenciana, por lo que previsiblemente no habrá afectación real para los cazadores. Una vez se comunique la suspensión se abrirá un período de audiencia a los cotos de entre 10 y 15 días, en el que estos podrán recurrir. Hasta que se dicte una resolución definitiva puede haber transcurrido un plazo de hasta 90 días, tal como recoge la ley de Procedimiento Administrativo.
Resuelto para la campaña 2019
La Conselleria de Medio Ambiente asegura que de cara a la próxima temporada 2019-2020, que arrancará en verano, «el tema estará resuelto». El director general de Medio Natural, Antoni Marzo, incidía ayer «en la falta de personal» que sufre su conselleria y que ha propiciado el conflicto.
La actuación de la Fiscalía la suscitó una denuncia por lo contencioso-administrativo del sindicato Confederació General del Treball del País Valencià (CGT). En ella se advertía que desde la administración pública se estaba permitiendo la caza hasta en 70 espacios naturales protegidos (un 67% del total), 6 parques naturales, 12 zonas de especial conservación, 21 lugares de interés comunitario,14 zonas de especial protección para las aves, 3 humedales, 2 paisajes protegidos y 12 parajes naturales municipales. Los parques naturales afectados son el Marjal Pego-Oliva (con un coto), Río Túria (2), Serra Mariola y Carrascar de la Font Roja (2), Serra Calderona (6), Hoces del Cabriel (5 cotos) y el Parc Natural de l'Albufera (5).
«Infracción muy grave»
La falta de supervisión de esos PTOC, según CGT, estaba llevando a que se estuviera cazando especies que no suponen amenaza para la agricultura esgrimiendo esa causa, o declarando «zonas de reserva puntos urbanos donde no existe fauna, de manera que acaba ejerciéndose sobre la fauna cinegética una presión excesiva». La Ley de Caza de la Comunitat Valenciana 2004 señala como «imprescindible» la existencia de un Plan Técnico de Ordenación Cinegética para el desarrollo de la actividad, por lo que recoge como una «infracción administrativa muy grave» la autorización sin tener esos PTOC aprobados tras la pertinente supervisión por técnicos cualificados.
La propia Abogacía de la Generalitat había emitido hasta dos informes en los que señalaba a Medio Ambiente que no se podía aplicar el silencio administrativo en este caso en concreto, pese a que un informe de la dirección territorial avalaba la actuación. La Federación de Caza de la CV advirtió, tras la investigación de Fiscalía y la previsible suspensión de la caza, que no iba a tolerar un solo día de recorte en la temporada.
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