El Gobierno asumirá 12 años después de la celebración de la Copa del América en València el pago de las infraestructuras deportivas. Una deuda de 373 millones de euros que ha lastrado durante años el desarrollo de este enclave estratégico de la fachada marítima de València.
En la disposición, el Gobierno se reserva la potestad de abandonar el Consorcio Valencia 2007, el organismo constituido por las tres administraciones para impulsar las obras de la Copa del América, una vez zanjadas las deudas.
La figura de gestión de la Marina de Valencia a través del consorcio siempre ha sido puesta en evidencia por su escaso margen de operatividad. Los actuales gestores de la Marina vienen reclamando mayor margen de autonomía desde hace tiempo. Está por ver ahora como acogerán las administraciones valencianas el posible desmarque del Gobierno de la gestión de la Marina.
De momento, fuentes de la Generalitat han asegurado que el hecho de que el Gobierno abandone el Consorcio "no significa que la Administración General del Estado se vaya a desvincular", al tiempo que han destacado que "hay alternativas encima de la mesa" y que "lo lógico sería que para gestionar la Marina en esta etapa se contara con las instituciones implicadas, Generalitat, ayuntamiento y Puerto de Valencia".
Sea como sea, lo anunciado en septiembre por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha quedado plasmado ahora en una norma con rango de ley (como era necesario), la de los presupuestos del Estado de 2019, que en su disposición 88 contempla la «condonación parcial» de la deuda de la Marina de València.
El Gobierno se subroga a partir de la entrada en vigor de la ley a las obligaciones contraidas por el Consorcio València 2007 para la ejecución de las obras de la Copa del América.
Queda por concretarse el pago de los 65 millones de la deuda del Consorcio con el Santander (ahora en manos del fondo TCA) que el Gobierno también se comprometió a asumir en un 40 %.
El alcalde, Joan Ribó, acogió ayer con tibieza los presupuestos del Ejecutivo para València. Ribó no hizo alusión a la condonación de la deuda de la Marina, una de sus exigencias con el anterior gobierno del PP, y aunque valoró que aumentan las inversiones para la Comunitat apuntó que las grandes cifras para la capital no son las esperadas.
«Es negativo», dijo, que solo se dediquen 10 millones para el contrato programa. Una cantidad «insuficiente» si se compara con Madrid (126,8 millones), Barcelona (109) o Canarias (47,5). Tampoco hay, añadió el alcalde, «cambios significativos» en materia de inversión en museos y dijo que eran cifras «muy comparables a las del anterior gobierno». El Palau de les Arts, dijo pasa de 0,6 millones a un millón mientras que la Maestranza sube de 1,6 a 2,4. El IVAM se mantiene en 0,2 mientras el Thyssen sube hasta 5,5 millones.
Ribó (que gobierna con los socialistas y València en Comú) también se mostró crítico con la escasa inversión previstas para el túnel pasante y el canal de acceso (obras fundamentale para completar el Parque Central y para el Corredor Mediterráneo). Bajo este enunciado los presupuestos prevén 2,7 millones de euros para el año próximo, 2 para 2020, 60,5 millones en 2021 y 72 en 2022. Las obras, dijo Ribó, no empezarán al menos hasta 2021.
La falta de inversión para el transporte público fue el principal reproche que hicieron los grupos de la oposicion a los presupuestos. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner, recriminó a Ximo Puig y a Ribó no haber obtenido más de los 10 millones de euros que consiguió su partido de Rajoy.
La candidata del PP a la alcaldía de Valencia, Mª José Catalá, destacó que los presupuestos de Sánchez incumplen el acuerdo alcanzado con el gobierno Rajoy que preveía para la ciudad «una aportación estatal de 10 millones para 2018 (incluidos en este ejercicio) 20 millones para 2019 y 30 para 2020».
Català valoró que el Gobierno asuma la deuda de la Marina, lo que permitirá convertir este espacio en centro de atracción turística y sede empresas vinculadas con la innovación y las nuevas tecnologías, si bien recordó que el Gobierno del PP «nunca le exigió al consorcio Valencia 2007, responsable de la gestión de la Marina, el cobro de esta deuda».
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que tiene el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de elevar hasta 38 millones la aportación a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia. En la misma línea, la candidata socialista a la alcaldía de València, Sandra Gómez, señaló que el Gobierno aceptará una enmienda para destinar los prometidos 38 millones.
