El PSPV intentó ayer enfriar cualquier conato de conflicto con el Gobierno por las objeciones del ejecutivo de Pedro Sánchez a leyes valencianas. La publicación oficial el jueves de la constitución de una comisión bilateral sobre la ley Lgtbi provocó la reacción airada del síndic de Compromís, Fran Ferri, como grupo impulsor de la norma. La líder de la formación y portavoz del Consell, Mónica Oltra, evitó ayer la fricción desde la tribuna del gobierno autonómico. Invitó a sacar el debate del terreno de las emociones y dijo que el Consell defiende «ahora, antes y mañana» las leyes aprobadas por las Corts.
En este terreno frío, recurrió a las cifras. Señaló que en la legislatura se han producido 23 conflictos: 15 con el Gobierno de Mariano Rajoy y 8 con el de Sánchez. Ninguno de estos, admitió, ha acabado en el Constitucional.
El propio Ministerio de Administración Territorial salió al paso y negó que cuestione el fondo de las leyes. Lo que ha abierto, destacó una portavoz del departamento de Meritxell Batet, son procesos de negociación con la Generalitat para evitar cualquier recurso.
El número dos del PSPV, Manolo Mata, rechazó que la comisión bilateral por la ley Lgtbi derive en un recurso y dijo que el objetivo es «mejorar la norma». Lo que está en cuestión, subrayó el ministerio, son dos precisiones técnicas, ya que al introducir infracciones de empresas entra en materia de legislación laboral, que es estatal. El Gobierno ha hecho lo mismo con normas manchegas y andaluzas.
Los otros conflictos abiertos afectan a la moratoria para poder contratar policías locales interinos introducida en la ley de Acompañamiento, precepto que choca con la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y a la personación como acusación popular del Consell prevista en la ley de la Infancia en casos de violencia a menores.
