15 de abril de 2019
15.04.2019
Fiscalización de 2016

El informe de la Sindicatura rechaza el presupuesto de 17 ayuntamientos

El 65 % de las entidades locales ofreció información sobre sus cuentas

15.04.2019 | 13:01

Un 65 % de las entidades locales rindieron la información requerida por la Sindicatura de Cuentas, con un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. El mayor grado de incumplimiento, según el informe de fiscalización, al igual que en ejercicios anteriores, se produce entre los consorcios, las mancomunidades y los organismos autónomos.

En el ejercicio 2016 se informó sobre una cuantía total de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de 75.480.040 euros, poniendo de manifiesto una evolución positiva en este tipo de operaciones, ya que su cuantía total disminuye en un 38,5 % respecto al ejercicio anterior.

Los acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos aumentaron ligeramente respecto al ejercicio anterior, y pasaron de 104 a 120 millones de euros.

El análisis de la información relativa a los acuerdos en contra del informe de Secretaría y los informes de fiscalización posterior, pone de manifiesto que las principales incidencias se producen en materia de contratación administrativa, gastos de personal y subvenciones.

La rendición de información del ejercicio 2016 ha aumentado un 15,7 % respecto a 2015, siguiendo la tendencia positiva de ejercicios anteriores.

El 62,6 % de las entidades que realizaron envíos en 2016 comunicaron certificaciones negativas en todos los tipos de reparos. De estas, sólo un 28,2 % informó que realizaba la fiscalización previa acerca del crédito y competencia, mientras que el 92,3 % no efectuó actuaciones de control financiero, lo que representa un bajo grado de control interno.

Un 36,4 % de las entidades que enviaron información realizó fiscalización limitada previa. La existencia de crédito y la competencia se comprueba casi siempre, mientras sólo un 57,8 % de ellas verifica otros extremos.

Es relevante la baja incidencia del control financiero de estas entidades, un 26 %, por lo que la mayoría no ejerció alguna de las modalidades de control interno previstas. En un gran número de entidades no existe un control posterior de elementos que no han sido objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia.

La Intervención informó negativamente sobre el presupuesto en 17 ayuntamientos, la liquidación en 6 ayuntamientos y las modificaciones presupuestarias en 57 entidades.

En 2016, 170 entidades locales comunicaron la adopción de un total de 6.142 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe asociado de 253 millones de euros. El 98,6% de estos acuerdos corresponde a los ayuntamientos.

Las modalidades de gasto más importantes que fueron objeto de reparo son, por este orden, los expedientes de contratación, gastos de personal, subvenciones, otros procedimientos y los incumplimientos en la prelación de pagos.

Más de la mitad de los reparos formulados tuvieron su causa en la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos los adoptó el presidente de la entidad, seguido por el Pleno y por la Junta de Gobierno.

Sólo 37 entidades comunicaron la existencia de omisión de fiscalización previa, con un número total de 679 expedientes por un importe de 237 millones de euros. La causa más frecuente ha sido la omisión de requisitos o trámites esenciales, seguida de la ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de pago y de la insuficiencia de crédito.

En el ámbito de los ingresos, 31 ayuntamientos comunicaron anomalías en un total de 122 expedientes, con un importe asociado de 20 millones de euros. Las tasas fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas, siendo las multas y sanciones los de importe más elevado.

Además de lo indicado, se ha realizado el examen de los acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa por un importe superior a 50.000 euros y de las principales anomalías de ingresos recibidos de las entidades locales elegidas en la muestra de la fiscalización, formada por los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, las diputaciones provinciales y las entidades dependientes respectivas.

Por tanto, integran la muestra los ayuntamientos de Alcoi, Alicante, Benidorm, Castellón de la Plana, Elda, Elx, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunt, San Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevieja, València, Vila-real y las tres diputaciones provinciales (Alicante, Castelló y Valencia).

Todas estas entidades remitieron la información en el plazo estipulado por la Instrucción, a excepción de los ayuntamientos de Castellón de la Plana y Sagunt y la Diputación de Valencia.

Los ayuntamientos de Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Gandia, Orihuela, San Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevieja y València, así como la Diputación de Alicante, declararon que tenían implantado un sistema de fiscalización de requisitos básicos para verificar la competencia del órgano que aprueba el gasto, la existencia de crédito y otras comprobaciones adicionales.

Sólo los ayuntamientos de San Vicent del Raspeig y València y las diputaciones de Alicante y Valencia realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016. En la mayoría de entidades no existe, por tanto, un control posterior de elementos que no son objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia.

Recomendaciones

La Sindicatura de Comptes reitera la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido. Se recomienda también, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial.

Por último, se pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera adecuada y suficiente.

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