El PSPV logró anoche una solución de urgencia para el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Una historia que arrastraba desde la detención del entonces presidente de la Diputación de Valencia el 27 de junio de 2018. Después de reunirse con el secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, donde se analizó el alzamiento del secreto de sumario del caso Alquería, el también expresidente de la corporación provincial anunció que abandonaba el partido en el que ha militado durante casi 20 años. De esta manera, aunque seguirá de alcalde, no liderará la lista de los socialistas en la localidad en las elecciones municipales del 26M.
En lo referente a su futuro político, Rodríguez no despejó la incógnita sobre si finalmente se presentará a la alcaldía. En un comunicado, solo indicó que hará «aquello que más beneficie al pueblo de Ontinyent, que es al único al que se debe».
Los socialistas valencianos habían sentido la presión de Ferraz, que ya ha demostrado su mano dura con otros investigados, como Isabel García, apartada de la lista al Congreso de los Diputados por València por su imputación por la subvención al equipo de motociclismo de Champi Herreros. No obstante, hay excepciones: Alejandro Soler se ha mantenido en la candidatura alicantina al Congreso a pesar de declarar hace unos días como investigado.
La dirección de Madrid (el valenciano José Luis Ábalos es el máximo responsable como secretario de Organización) guardaba un as en la manga: la comisión federal de listas del partido no dio el visto bueno en su momento a la encabezada por Rodríguez para Ontinyent con el argumento de que estaba suspendido de militancia hasta el levantamiento del secreto del sumario, hecho que se produjo ayer. Y un suspendido de militancia no puede figurar en lista alguna.
Poco antes de la decisión de Rodríguez el líder del PSPV, Ximo Puig, le había pedido que asumiera responsabilidades políticas. «En estos momentos no tengo toda la información pero más allá de las responsabilidades jurídicas hay que asumir las responsabilidades políticas. En las próximas horas habrá novedades», aventuraba.
Plazo para la candidatura
El calendario es apretado. El plazo de presentación de candidaturas municipales ante las juntas electorales se abre hoy y se prolonga hasta el lunes 22 de abril. Aunque Rodríguez formalizara hoy su lista, el partido podría modificarla o retirarla hasta esa fecha.
La dirección de Puig ya tuvo que lidiar con la presión de la agrupación local cuando Ferraz intentó evitar que Rodríguez no optara a las primarias. Todos los militantes firmaron en su apoyo y amenazaron con crear una plataforma independiente.
Ontinyent es plaza estratégica para el PSPV. Es clave para tener la mayoría en la diputación, si bien la situación puede ser distinta por la fragmentación del voto en la derecha. En todo caso, no presentar lista en una cabecera de comarca sería trágico para el PSPV.
Pide declarar ante el juez por una causa «administrativa»
El expresidente de la Diputación de Valencia pidió ayer declarar voluntariamente ante el juez para aclarar «punto por punto» las acusaciones que ayer se conocieron del sumario. En un comunicado, Jorge Rodríguez apuntó a que la causa no tiene «recorrido penal» y pedirá el archivo de la causa porque «en el peor de los casos se trata de un asunto meramente administrativo». Las contrataciones están avaladas por informes y la doctrina jurídica «los respalda totalmente», sostiene el exportavoz del PSPV, aunque asume que pueda haber opiniones jurídicas contrapuestas. Horas antes, el expresidente de la diputación y su equipo emitían unas declaraciones donde Rodríguez lamentaba llevar «diez meses indefenso». Calificó de «operación antiterrorista» el despliegue que terminó con su detención el 27 de junio. Rodríguez sospecha de las «casualidades» del segundo registro de la Udef en Ontinyent el día antes de su proclamación como candidato, como ayer, que se levantó el secreto de sumario 24 horas antes de presentar las candidaturas municipales para el 26 de mayo. También respondió a la acusación de armar un gobierno paralelo en Divalterra que en el consejo de administración estaban representados todos los partidos y era el máximo órgano de gobierno.
