La fiscal de delitos de odio de València Mercedes Bascuñana fue ayer rotunda y clara: «O los legisladores cambian la ley o difícilmente con la legislación actual podemos ejercer la acusación en hechos que sabemos que son delitos de odio pero no podemos tipificarlos porque los artículos incluidos en 2015 en la reforma del Código Penal se han convertido en un cajón de sastre que no atan de pies y manos».
Bascuñana realizó estas valoraciones durante una conferencia que puso el cierre a la primera jornada de delitos de odio que organiza la Guardia Civil en València, en colaboración con tres universidades valencianas -la UV, la Católica y la Europea-, y que analizó este fenómeno desde el punto de vista legal, con la intervención de la fiscal; policial, con la exposición de dos capitanes de Información del instituto armado; y psicosocial, con una mesa redonda integrada por psicólogos y criminólogos.
La jornada, inaugurada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y clausurada por el general jefe de la Guardia Civil en la C. Valenciana, José Hermida, contó con la presencia en su apertura del alcalde de la ciudad, Joan Ribó -que volvió a anunciar la oficina municipal de delitos de odio para acompañar a las víctimas y llevar un contador de casos a partir del contacto con entidades sociales y la fiscalía especializada- y del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio.
Críticas al legislador
La última intervención fue precisamente la de la fiscal de delitos de odio Mercedes Bascuñana, que se mostró muy crítica con el articulado agregado en 2015 al Código Penal. Bascuñana abogó por la creación de una ley orgánica específica para los delitos de odio, como la de violencia machista, porque «no hay víctimas de primera y de segunda» y los «errores» de los artículos actuales «impiden acusar muchas veces de delito de odio en casos que vemos claramente que sí lo son. Señores legisladores», interpeló, «hay una realidad social muy clara; dennos un instrumento que permita al ministerio público perseguir eficazmente estas conductas. De hecho, muchas de ellas les salen ahora muy baratas a quienes las cometen» porque el texto y los supuestos son tan enrevesados y contradictorios «que nos abocan a terminar acusando de un delito genérico y aplicar la agravante de discriminación, ni siquiera de odio, antes que por los artículos supuestamente específicos de esos delitos» agregados en 2015. Un articulado «más sencillo y genérico», insistió, permitiría condenas «de hasta 6 años», que con la otra fórmula acaban en penas de multa agravadas. «Esperemos que este nuevo Gobierno, más progresista, le ponga remedio», lanzó.
La mayoría, por internet
La secretaria de Estado, por su parte, recordó el especial interés de su ministerio, el de Interior, en perseguir este tipo de delito, como demuestra el hecho de haber creado una oficina estatal específica y un plan de acción para las fuerzas de seguridad. Explicó que «el 45 % de los delitos de odio se cometen en internet y que casi el 26 % se da en redes sociales» y añadió que hay una tendencia al alza en estos delitos, como demuestra que se hayan incrementado «un 11 % y un 12 %, respectivamente, en los últimos dos años».
El capitán Moisés Martínez, responsable del servicio de Información de la Comandancia de València, realizó un perfecto resumen de cómo se investigan este tipo de delitos, que aborda su unidad al tratarse de un hecho «especializado y complejo», y remarcó en varias ocasiones que, además de esmerarse en recabar pruebas y protegerlas de cara a una futura condena, la principal labor de la Guardia Civil, desde el primer guardia que recibe la denuncia hasta el que investiga y detiene al agresor, ha de ser la protección y cuidado de la víctima, sobre la que concluyó: «A estas víctimas nunca, nunca, se les devuelve lo que han perdido con el daño recibido». También hizo autocrítica admitiendo que en algunos casos las víctimas han sentido rechazo cuando han ido a denunciar a un cuartel e insistió en que «si una persona no puede vivir libremente en una sociedad por razones ideológicas, sexuales, raciales..., no estamos en un Estado de Derecho».
Por su parte, el capitán de Información de la Zona de València, José Antonio Amigo, desgranó la evolución de los delitos de odio a través de internet y las redes sociales, con estadísticas que demuestran el incremento de actuaciones policiales en los últimos años, y expuso las dificultades de perseguir esos delitos cometidos a veces incluso desde otros países y casi siempre bajo identidad oculta, que no solo les llegan en forma de denuncia, sino, sobre todo, gracias a la monitorización sistemática de las redes sociales por parte de la Guardia Civil.
