Era una buena noticia. Un convenio para evitar desahucios a familias vulnerables. Pero no se cumple. O no funciona como debería. Porque los desahucios a familias con hijos, con grado de discapacidad, en paro, mayores de 65 años, sin ingresos... se suceden a diario. El convenio solo hace referencia a procedimientos civiles, es decir, cuando hay un proceso de desahucio iniciado por impago (de hipoteca o alquiler). Las «okupaciones» pues, no se tienen en cuenta en el mencionado acuerdo al ser procedimientos penales por usurpación de vivienda. Sin embargo, los dos procedimientos van seguidos. Cuando una familia o persona vulnerable es desahuciada por no poder hacer frente a los pagos del alquiler o de la hipoteca tampoco puede acceder a un piso del mercado libre cuyos alquileres ya se sitúan ya en 600 euros de media. Si no podía pagar antes tampoco puede pagar después. No se trata de gente que «no quiere» pagar. Se trata de gente que no «puede pagar». Al menos, los precios de mercado. Las mafias se frotan las manos ofreciendo alquileres baratos (unos 200 o 300 euros) por supuestas casas en propiedad que resultan ser de bancos. Otros, saben que la vivienda de un banco está vacía y «okupan» sin cargo de conciencia porque, si hay menores a cargo, deben tener un techo y estar bien atendidos. Lo contrario significa la intervención del sistema de menores.
El «quid» de la cuestión, pues, es saber por qué se produce el primer desahucio a la familia vulnerable sin que exista una alternativa habitacional para ella. Por qué no se aplica el convenio. Por qué en las sentencias de los jueces no reflejan la situación de vulnerabilidad de las familias. Si ese primer lanzamiento se parara hasta que la Administración proporcionara una vivienda o alquiler social, no se produciría el siguiente, fruto ya de una «okupación». Para eso, precisamente, estaba diseñado un convenio que parece papel mojado.
El 14 de noviembre de 2016, el president de la Generalitat, Ximno Puig y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, firmaban un convenio de colaboración -que cuenta también con la firma de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)- con un objetivo claro: detectar supuestos de vulnerabilidad en caso de desahucios. Así, se establecía una línea de colaboración para que ninguna persona en riesgo de exclusión social perdiera su vivienda como consecuencia de un proceso judicial por impago de las cuotas hipotecarias o de arrendamiento.
La obligación de informar
El acuerdo suscrito señala que el gobierno valenciano «deberá informar al órgano judicial pertinente sobre los recursos sociales y los programas de asistencia social» al objeto de su correspondiente valoración por parte de la autoridad judicial «ante la perspectiva de un desahucio». También refleja la confección de un registro informático que permita «el estudio estadístico de las actuaciones realizadas», otro de «los casos donde se deba intervenir en el curso del procedimiento», así como la creación de una comisión que vigilará el convenio y su aplicación.
El convenio en cuestión se ha renovado desde entonces (incluido para este año 2019), pero los casos a familias vulnerables se suceden. Solo Levante-EMV ha publicado en cuatro meses de 2019, 16 casos con testimonios y fotografías de desahucios a familias vulnerables, a los que habría que sumar los que han preferido guardar el anonimato ante una pobreza que avergüenza sin motivo, los que han recogido otros medios y los que no han salido a la luz.
Según fuentes de la Conselleria de Igualdad, en el registro de seguimiento del convenio constan 108 casos donde se ha solicitado la intervención de los Servicios Sociales «lo que no quiere decir que los desahucios paralizados sean muchos más». Según los datos del CGPJ, en 2018 hubo un total de 8.083 desahucios (3.344 por impago de hipoteca, 4.485 de alquiler y 254 por okupación, aunque esta última cifra no la refleja el CGPJ y sí las PAH de la Comunitat Valenciana). «Pero en esas estadísticas no se contempla cuántos son de vivienda y cuántos de emergencia. Nosotros estimamos que más del 60 % son de emergencia habitacional y apenas estamos llegando a atender a la mitad», afirma José Luis González, que destaca la labor de las 34 PAH distribuidas por todo el territorio valenciano.
Desde la PAH sabían de la existencia del convenio y de su falta de aplicación así que hace ya dos años (10 de marzo de 2017) se reunieron con una representante del CGPJ «para que nos ayudara en la difusión y cumplimiento de este acuerdo ya que observábamos en los procedimientos que los jueces no lo conocían». El compromiso adquirido fue el de «enviar por mail el acuerdo a cada juez aunque hay que recalcar que el convenio no obliga a nada. El juez es independiente y no tiene obligación de parar o demorar nada. El convenio es una herramienta que les permite ser sensibles con determinadas situaciones al poder recabar información de servicios sociales para decidir lo que considere. Y cada día nos encontramos con resoluciones o acuerdos que no garantizan el derecho a la vivienda sino que es un criterio más a considerar».
Así las cosas, Levante-EMV ha preguntado a cada una de las partes implicadas en el acuerdo si ha cumplido con su parte del mismo. A excepción de la FVMP que no ha respondido, tanto la Generalitat (Conselleries de Igualdad y Justicia) como el CGPJ aseguran que los deberes están hechos y que cumplen con lo acordado. Estas son sus respuestas.
Desde el CGPJ aseguran que la comisión de seguimiento del convenio sobre desahucios «se ha reunido en cuatro ocasiones: el 28 de febrero de 2017, el 30 de enero de 2018, el 17 de julio de 2018 y el 12 de febrero de 2019, siempre en la sede de la Conselleria de Igualdad. En estas reuniones se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las Administraciones recopilen y pongan a disposición de los órganos judiciales la información sobre las personas en situación de vulnerabilidad, ya que habitualmente el juez no tiene conocimiento de la situación del demandado en procesos de lanzamiento hasta que la comisión judicial se lo comunica, es decir, cuando está a punto de ejecutarse el lanzamiento. En la comisión se acordó que toda la información y la coordinación la llevaría a cabo la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad», afirman. Y añaden: «El CGPJ cumple las obligaciones asumidas en el convenio, referidas fundamentalmente a la difusión entre los órganos judiciales de los folletos informativos, formularios normalizados y la información existente sobre la organización, funcionamiento y competencias de los servicios sociales que elaboren las administraciones, los órganos directivos y los servicios competentes».
Reuniones y protocolo
La Conselleria de Igualdad, por su parte, afirma que a través de la dirección general de Servicios Sociales y Autonomía Personal se han celebrado 8 reuniones.
Además, se ha realizado «un protocolo de actuación ante una posible situación de vulnerabilidad en situaciones de desahucio del domicilio familiar y medidas de carácter social a adoptar. También se ha hecho folletos informativos que se han remitido a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para que se encargue de hacerlos llegar a los órganos judiciales correspondientes y una guía de direcciones, correos, teléfonos y personas de contacto de los departamentos de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, que se ha puesto a disposición de todos los agentes implicados a través de la web de la Conselleria de Justicia». Desde la Conselleria de Justicia se ha elaborado, junto con la de Vivienda, una guía de recursos asistenciales y han modificado los trámites en el Sistema de Gestión Procesal para incluir una nota informativa para entregar a los demandados en situación de vulnerabilidad. «Realizamos labores de concienciación, sensibilización y divulgación de información a todos los operadores jurídicos, como marca el convenio», afirman.
