La Abogacía de la Generalitat aún estudia su respuesta a la petición de archivo formulada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la causa que investiga las presuntas irregularidades de la Fórmula 1 en el Juzgado de Instrucción 17.

Aunque ya presentaron un recurso de reforma contra el auto de procesamiento dictado por la magistrada que investiga las presuntas irregularidades en la Fórmula 1, la Abogacía de la Generalitat debe ahora pronunciarse sobre la petición de archivo formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Si también solicitan el archivo, la investigación deberá archivarse, al no haber ningún tipo de acusación en la causa. Por el contrario, si decidieran persistir en la existencia de las supuestas irregularidades deberán contrarrestar el informe emitido por la Intervención General (adelantado ayer por Levante-EMV) que considera que no hubo perjuicio económico para la Generalitat porque la mitad del coste del circuito (alrededor de 46 millones) debe pagarla el Ayuntamiento de València y, por lo tanto, tampoco se puede acusar de malversación a los procesados en esta causa: el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y el exconseller de Infraestructuras, Mario Flores, entre otros.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó ayer que la Comunitat Valenciana continúa pagando lo que debe de las ediciones de la Fórmula Uno celebradas en el circuito urbano de València, «porque no hay otra. En cualquier caso, otra vez hay que decir con toda claridad que el señor Camps dijo que no costaría un euro a los valencianos y nos ha costado al menos más de 50 millones», ha lamentado el presidente.

La Generalitat sigue pagando un crédito que solicitó para hacer frente a la construcción del circuito. La organización del evento costó alrededor de 308 millones de euros, según el último recuento realizado por la Generalitat.