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Televisión autonómica

Un año de À Punt bajo el foco y a la espera del examen

La baja audiencia y la falta de ingresos publicitarios cuestionan a Empar Marco - Los tiempos juegan a su favor y sus dos evaluaciones podrían no ser decisivas

Enrique Soriano y Empar Marco, en la presentación en 2018 de la parrilla de televisión. efe/Kai FÖrsterling

Mañana se cumple un año desde que la radiotelevisión valenciana renació tras cinco años en negro. La radio, que comenzó a emitir seis meses antes, adelantó las señas de identidad de À Punt: información de proximidad con altas dosis de cultura, tradiciones e idiosincrasia valenciana en toda su programación.

Las audiencias demuestran que la parrilla no ha logrado cautivar a los espectadores. À Punt debe (aún) convencer al público y, para ello, no ha dudado en recurrir a reposiciones de Canal 9 como l'Alquería Blanca con la que ha elevado algunas décimas su share. Los datos revelan que las máximas cuotas se han limitado a momentos festivos, como las Fallas en marzo, o acontecimientos extraordinarios como el periodo de lluvias de octubre.

En la radiotelevisión defienden que sus audiencias no son comparables a cualquier otra televisión autonómica porque À Punt es una recién nacida y TV3, la más vista, un titán consolidado. Aunque el share ha repuntado en los últimos dos meses, los números no salen, tampoco en publicidad, donde la previsión económica era ingresar durante el primer año 4 millones de euros aunque, en los seis meses de emisión de 2018, solo se llegó a 800.000 euros. La dirección retrasó la contratación de Kantar Media, la plataforma para medir audiencias, hasta octubre, postergando así la posibilidad de aumentar la recaudación. Subrayan, además, restricciones que se fijaron en la Ley 6/16 de creación, que limitan los ingresos al ceder espacios gratuitos a la Generalitat, a diferencia de otras televisiones públicas, y a no admitir cierta publidad, tanto por el producto que se comercializa como por el formato.

Audiencias y publicidad. Son los dos motivos que persiguen a la directora general, Empar Marco, porque evidencian la mala gestión de una televisión a la que los valencianos destinan 55 millones. A ello se suma un clima interno de máxima tensión. Las productoras están a la gresca tras conocer la programación de verano de la cadena, que recorta sustancialmente la inversión en contenidos externos. La acumulación de horas extra de los trabajadores (la mayoría «ex» de Canal 9) impide mantener programas propios en la parrilla, en su mayoría de corte informativo.

Auditorías pendientes

Por ahora, es lo único de producción propia. El consejo de informativos todavía no se ha sustanciado, el presupuesto asignado por la Generalitat se ve «muy insuficiente» y hay dos evaluaciones pendientes sobre la mesa que podrían terminar con el mandato de Marco. Así se desprendió de la comisión de seguimiento entre À Punt y la Generalitat, que se celebró en mayo y que evidenció la pérdida de confianza en Marco.

Una evaluación la lleva a cabo una empresa externa de Recursos Humanos, tal como se contempla en la Ley de Sector Público, pero que, como insisten en la cadena, ninguna otra empresa pública cumple. Enrique Soriano, presidente del consejo rector, sí lo creyó conveniente y cerca de una treintena de directivos se encuentran en estos momentos pasando un test personal, una prueba de equipo, una entrevista personal y una encuesta de clima laboral. Los resultados no determinarán el destino de Marco. Al menos, no por sí mismos, porque el consejo rector utilizará esta evaluación para confeccionar la suya propia. Se trata del informe de cumplimiento del contrato programa, la hoja de ruta que del medio aprobada por ley. Se esperaba para marzo, pero «más vale tarde», señalan desde el consejo rector. La ley contempla este informe como una forma de comprobar que lo aprobado en las Corts, se cumple. Para ello hay indicadores cualitativos como la variedad programática general, la diversidad informativa, el pluralismo político o el éxito entre el público objetivo.

Sobre el resultado, el consejo tomará decisiones. Ambos informes se conocerán a final de mes, pero Marco y Soriano tienen marcada otra fecha en el calendario. El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna los ha citado a declarar el 20 de junio por posible prevaricación en diez contratos y por una posible adjudicación irregular a una productora. La denuncia, emitida por el PP, se basa en las advertencias que el Síndic de Comptes vertió sobre las cuentas de 2017. El informe anual podría ser motivo de cese en caso de reflejar unos datos más que negativos por parte de la gestión de Marco. Pero aquí se abre un abanico de posibilidades. Para destituirla, tendrían que estar de acuerdo dos tercios del consejo rector, compuesto por diez miembros.

La desafección entre el consejo y la directora se ha fraguado durante meses y es más que evidente. No gustan sus formas, pero saben, con la ley en la mano, que los contenidos poco o nada pueden cambiar. Se evidencia porque las críticas a su gestión no son compartidas por todos sus miembros. Además, existe una segunda cuestión. Buena parte de las decisiones que Marco ha tomado en el último año se han aprobado en las juntas, por lo que según qué decisiones, podrían ser imputables también a la cúpula. Mientras, Marco tiene intención de seguir en el cargo. Así lo afirma su entorno, quien señala que no cederá a la presión ni al cuestionamiento que se emite desde la cúpula del ente. Al menos, no por ahora.

Gestionar su salida

Con el gobierno en funciones y a medio hacer, lidiar con el relevo de la directora del medio de comunicación que el Botànic rescató no se antoja como la mejor de las imágenes para iniciar una legislatura. En cualquier caso, en la Generalitat insisten en su independencia y si el consejo rector quisiera cesarla, podrían hacerlo en cualquier reunión siempre que haya un motivo objetivo que argumente su salida, sin evaluaciones de por medio. Entra dentro de sus funciones: «Nombrar y, en su caso, cesar a la dirección general de las sociedades dependientes de la corporación», reza la norma.

Surgiría, entonces, otro nuevo problema. No hay un «plan B». Reponer la dirección general implica convocar un nuevo concurso público abierto a cualquiera con un proyecto y experiencia demostrable en el campo, algo que duraría meses y que se solaparía, de seguro, con la renovación del consejo rector prevista en octubre. Se van cuatro de diez y recién estrenados tendrían que elegir a un nuevo equipo directivo para presentar en las Corts.

Será precisamente en la cámara donde Marco comparezca en marzo para rendir cuentas de su gestión y, ahí sí, el dictamen será vinculante. Parece, según las fuentes consultadas, la salida menos ruidosa para Marco, al haber cumplido tres años en el cargo y dos de ellos, bajo lupa.

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