18 de junio de 2019
18.06.2019
Tribunales

La jueza abre juicio contra Camps por la F1 sin esperar a que resuelva la Audiencia

Quiere sentarlo en el banquillo por malversación, tráfico de influencias y prevaricación - Fiscalía y defensas piden el archivo por no acreditarse los delitos

18.06.2019 | 00:31
Llegada de Francisco Camps a la Ciudad de la Justicia.

La titular del Juzgado de Instrucción 17 de València ha decidido abrir juicio oral contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y trece personas más por las presuntas irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1, sin esperar a lo que decida la Audiencia de València sobre el futuro de la causa. La magistrada acordó en un auto -firmado el viernes y notificado ayer a las partes- sentar en el banquillo de los acusados al exjefe del Consell, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui, dos técnicos de la Conselleria de Infraestructuras y nueve empresarios que participaron en el diseño y construcción del circuito.

A los catorce procesados por estas presuntas irregularidades la magistrada les atribuye los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Y añade contra Camps el de tráfico de influencias. La magistrada también considera responsables civiles subsidiarias a las empresas Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez SA, FCC SA y Cyes, supuestamente beneficiadas por los contratos amañados o por adjudicaciones tras haber realizado donaciones al Partido Popular.

Rambla no aparece acusado

En el auto no aparece nombrado el exvicepresidente Vicente Rambla, investigado en esta causa, a quien la Abogacía de la Generalitat no acusaba, por lo que se deduce que la imputación se ha archivado contra él, aunque la magistrada no cita expresamente su sobreseimiento.

No obstante, la decisión de la magistrada de abrir juicio oral contra los catorce acusados por las presuntas irregularidades en la Fórmula 1 aún puede ser revocada por los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València, la misma que juzga desde el pasado mes de abril al exconseller Rafael Blasco y otros veintitrés acusados por el desvío de las ayudas a la cooperación.

Entre los recursos de apelación presentados ante la Audiencia de València para archivar la causa se encuentra el de la Fiscalía Anticorrupción quien considera que la malversación no está acreditada, porque la Intervención de la Generalitat no vio perjuicio para el erario, y la presunta prevaricación habría prescrito. Precisamente esta investigación se inició tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 29 de enero de 2018 por los presuntos delitos de «prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental».

Sin embargo, Anticorrupción solicita ahora el archivo de la causa porque considera que no dispone de «elementos de prueba suficientes que permitan calificar los hechos, a nivel de indicios, como un delito continuado de malversación de caudales» ya que es preciso que exista «un perjuicio real y efectivo para el patrimonio público» que la Intervención de la Generalitat no detecta en los expedientes analizados.

Por el contrario, la Abogacía de la Generalitat sí acusa al expresidente Camps de malversar 55 millones en la construcción del circuito de Fórmula 1. Una cantidad invertida en adecuar la zona de la Marina, de paddocks y boxes que «no resulta en ningún caso recuperable» . «La decisión del señor Camps de construir el Gran Premio de Europa, imponiendo al Gestor de Transportes y Puertos (GTP) a través del decreto 3/2007, obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», según señalaba la Abogacía en el escrito presentado a principios de junio.

De hecho, los letrados de la Generalitat quieren que se amplíe la pericial de la Intervención de la Generalitat para determinar si hubo perjuicio para la administración autonómica en la adjudicación de los contratos de la F1 presuntamente amañados y que el interventor no pudo resolver porque, según advirtió, no tenía el «criterio técnico suficiente» para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados.

El expresidente ya anunció que presentaría una querella por prevaricación contra la titular del Juzgado de Instrucción 17 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya que considera que la decisión de la magistrada de sentarlo en el banquillo es «puramente política».

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