Identificar a alguien a través de una huella dactilar, de su estudio antropométrico, de la palma de su mano, de la impronta de la suela de su zapato; saber que ha falsificado una firma, un escenario criminal o el impreso que acredita su derecho a una ayuda pública; conocer el punto donde se ha iniciado un incendio en apariencia accidental; descubrir vestigios del paso de una persona por la escena de un hecho delictivo; probar que alguien ha estado en un lugar y a una hora determinados por el estudio de los datos de su teléfono móvil, de las huellas de sus neumáticos o a través de una imagen captada por una cámara cualquiera.
Son cuestiones que se afrontan y resuelven a diario en los laboratorios de la policía científica. Y siempre lo hacen al servicio de la Administración de Justicia. Esto es, a petición o con el fin de auxiliar a un juzgado y a sus compañeros de policía judicial, los depositarios del peso de cualquier investigación de un delito. Pero, ¿qué ocurre si alguien quiere completar esas investigaciones? ¿Y si un ciudadano, una empresa, un abogado necesitan de esos mismos servicios? ¿Se puede contratar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para que resuelvan una duda de ese tipo? La respuesta es no.
Para llenar ese espacio acaba de ponerse en marcha en la Universitat de València (UV) el LabCrim, una suerte de 'CSI', dirigido por un exresponsable de la brigada provincial de policía científica de la Policía Nacional en València, el inspector jefe y profesor asociado Francisco Planells, quien contará con otros tres agentes de la misma especialidad y jubilados como él (el inspector jefe Francisco Antón, el comisario Juan V. Luis Turégano y el inspector jefe Estanislao García Moreto), para realizar o supervisar ese tipo de análisis técnicos que ocuparon buena parte de su carrera profesional.
La fórmula es innovadora y, a buen seguro, contribuirá a ayudar a financiar las adelgazadas arcas de la universidad pública desde el inicio de los años de la crisis del 2008 y los consiguientes recortes económicos. El laboratorio de criminalística y criminológico, contraído en un mucho más publicitariamente sonoro LabCrim, en su vertiente más 'policial', echa a andar ahora, pero, en realidad, es una ampliación de los servicios de asesoría jurídica y psicológica que desde los años 90 viene prestando a quien lo contrate el Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la UV, con el reconocido catedrático de Derecho Penal José Luis González Cussac a la cabeza como director. Cussac está convencido de que el LabCrim, que integrará también la consultoría jurídica y la psicológica y criminológica, bajo el mando del profesor universitario y psicólogo Enrique Carbonell, va a ser un éxito. Precisamente por ese espacio que no pueden cubrir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El ICCP se ha especializado en cuatro líneas de investigación: la criminalidad que afecta a las personas, la económica, el manejo estadístico de los delitos y su análisis, tanto de la micordelincuencia como de los macroescenarios delictivos y, por último, la seguridad pública e inteligencia, apartado en el que trabajan dentro del marco de un convenio con el CNI.
El LabCrim, en realidad, viene a abrir el campo para prestar un servicio mucho más amplio a quien necesite contratarlo - «a precios de universidad pública española, desde luego», matiza González Cussac- y su 'nicho de negocio' va de la Administración de Justicia a cualquier otro organismo público, sea de carácter local, provincial, autonómico, estatal o, incluso, europeo (el ICCP ha participado como asesor en proyectos legislativos europeos e incluso latinoamericanos), o privado, ya sea una empresa, un particular insatisfecho con el dictamen oficial o un abogado en el marco de un procedimiento judicial, ya sea penal, civil, mercantil, contencioso-administrativo o laboral.
La carta de especialidades que esgrime González Cussac contiene desde el análisis del escenario de los hechos (con las evidentes limitaciones que impone la ley de enjuiciamiento criminal: no hay que olvidar que ese terreno es patrimonio exclusivo de las fuerzas de seguridad; pero, eso sí, están dispuestos a segundas opiniones si el cliente lo requiere), informes de identidad (dactiloscópicos, lofoscópicos, antropométricos y fisonómicos), sobre incendios, deflagraciones y siniestros similares, dictámenes sobre falsedades documentales, informes de balística y trazas instrumentales (marcas de herramientas, armas, cazado, neumático, llaves€), informes periciales de carácter criminológico, psicológico y psiquiátrico, tecnología de la imagen, sistemas de análisis geográficos, informática forense, la ya arraigada cosultoría jurídica y, para finalizar, informes de seguridad integral en edificios o entidades. La idea promete.
