A punto de cumplirse un año desde el estallido del caso Alquería, que investiga la presunta malversación en la contratación de nueve altos cargos en Divalterra, los investigados (los iniciales y los últimos en incorporarse) arremeten contra la causa o solicitan nuevas diligencias para reclamar más documentación.

El último es el que ha presentado Raul Ibáñez Fos, exconcejal de Compromís por Sueca, que se encargó de la dirección de servicios generales y administración de Divalterra. Un área en la que, según reflejaba el informe de la Intervención, estaba él sólo por lo que «no tenía a nadie a quien dirigir», según revelaron también varios testigos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Este licenciado en derecho de Sueca cobró 53.819 euros en 2016. En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 9, Ibáñez Fos defiende que «los investigados que fueron contratados: sí eran trabajadores cualificados y con experiencia; sí tenían funciones políticas (en el sentido de dar impulso y control a la entidad para cumplir sus fines); sí acudían a su centro de trabajo y realizaban las funciones encomendadas como directivos de la empresa; sí pasaron un proceso de selección (de entrevista y comprobación de currículum vitae) y sí sabían que su relación laboral especial era de evidente carácter temporal».

Y califica de «afirmaciones gratuitas, dotadas de tremenda parcialidad y carentes del mínimo rigor» algunas frases del Fiscal Anticorrupción en la querella con la que se inició la investigación como que «la única motivación en su contratación [de los nueve altos cargos] es la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación [de València]».

Al respecto, Ibáñez Fos responde que «la motivación de la contratación era la necesidad de organizar la empresa pública» con personas «que tenían experiencia y cualificación para las funciones que iban a desempeñar». Entre ellas, el control de la empresa pública, defiende, que «con el mismo presupuesto y sólo un alto cargo [en referencia a Marcos Benavent] se contrataba a cientos de persona sin proceso de selección alguno. ¿Era más eficiente cuando se estaba robando a manos llenas, justamente porque no había contrapesos ni controles en la empresa? Creemos que no y, por eso y para eso, se contrató a los altos directivos ahora investigados».

Ibáñez Fos también rebaja a 1,2 millones, «y no 2 millones como se denunció», el coste de los contratos de alta dirección que «sí trabajaron para Divalterra, sí ejercitaron sus funciones, sí organizaron y sanearon el caos previo existente y sí ahorraron con sus decisiones y buena gestión mucho dinero a las arcas públicas».

Y concluye que se les contrató «para gestionar bien la empresa, con un carácter temporal y con unas condiciones (excepto el salario) peores que las de cualquier trabajador de a empresa. Los investigados llegaron para limpiar, no para generar problemas». Por ello solicita a Divalterra que aporte los controles de asistencia y las contrataciones anuales desde 2007 a 2019 y si se impugnaron los contratos cuestionados.