La herencia de los gobiernos populares aún podría hacer más agujero económico a las cuentas de la Generalitat. El Consell del Botànic II se enfrenta a una avalancha de reclamaciones del personal funcionario interino que hace siete años quedó afectado por el conocido como decreto Vela, un acuerdo adoptado por el Gobierno de Alberto Fabra sobre medidas urgentes para reducir el déficit público y que implicó una reducción de la jornada obligatoria al colectivo de interinos.

Alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras, según los cálculos que se hicieron en ese momento, fueron obligados a reducir su jornada a 25 horas semanales, lo que implicó un hachazo a sus salarios por un valor aproximado de 24 millones de euros.

La medida duró dos años y fue revocada por el mismo Consell. Sin embargo, en 2017 la resolución que imponía la reducción salarial fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que la entendía discriminatoria.

Las alarmas en la Conselleria de Hacienda ya saltaron entonces por las consecuencias de la nulidad. No obstante, está siendo ahora cuando los juzgados están dando la razón a quienes decidieron reclamar hasta el final vía judicial la devolución de las retribuciones recortadas.

Al menos dos sentencias del juzgado de lo contencioso número 7 de València han aceptado el recurso presentado por particulares a quienes le reconoce el derecho a recuperar el sueldo perdido por la reducción de jornada impuesta. El panorama se complica aún más para el Consell porque el juzgado ya ha aplicado la extensión de sentencia a un grupo de denunciantes. Ello abre la puerta y, sobre todo, facilita al resto de interinos afectados ir 'a tiro hecho' a los tribunales y reclamar el dinero perdido.

Cabe apuntar, además, que los reclamantes a quienes el juzgado ha dado la razón no sólo recuperaran la parte del salario recortado, sino que tienen derecho a los intereses desde 2012, fecha en la que se acordó la medida, hasta 2019, cuando han logrado que se les reconozca su derecho.

Para orientar en este camino, la Federación de Servicios Públicos de la UGT y el Sindicato Profesional de Temporales e Interinos acaban de emitir una circular que han hecho llegar a todo el personal funcionario interino para facilitar que reclamen sus derechos. En la circular, el sindicato explica que la devolución no será automática por parte de Hacienda y ello a pesar de que la resolución del tijeretazo fue declarada nula de pleno derecho. Sin un reclamación individual no es posible recuperar el salario. De ahí que el sindicato haya puesto los servicios jurídicos a disposición del colectivo de afectados.

Fuentes sindicales indicaron que ya hay muchas otras reclamaciones pendientes de sentencia y que se espera una avalancha de peticiones.

De ser así, el Consell que preside Ximo Puig tendrá que afrontar un pago que, hoy por hoy, resulta un problema para las arcas autonómicas. No es la primera vez que los tribunales acaban dando la razón al funcionariado interino y obligando a la Generalitat a rectificar.

Son decisiones adoptadas bajo mandato popular que ahora tiene que encajar otro gobierno. Ocurrió con la carrera profesional que el gobierno de Alberto Fabra sólo aprobó para los funcionarios fijos. La exclusión de los interinos acabó también resolviéndose por vía judicial. El primer Botànic trató de esquivar, como ocurre ahora, el problema pero finalmente se vio obligado a reconocer los derechos de los interinos.