El obispo auxiliar de València, Esteban Escudero, el primer miembro de la curia eclesiástica valenciana investigado en una causa de presunta corrupción por las supuestas irregularidades en la organización de la visita del papa de 2006, pide el archivo de la investigación. En el escrito presentado por su defensa, que dirige el conocido abogado José María Mas Millet, se argumenta que «ha quedado más que acreditada la inexistencia de conducta delictiva alguna en el proceder de la Fundación V encuentro mundial de las familias (Fvemf) desde su constitución hasta su extinción». Y añade que «en el supuesto de que se quisiera ver por alguien alguna responsabilidad penal, es clara la aplicación de la figura de la prescripción» por los once contratos bajo sospecha que investiga la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 5.
En el escrito, la defensa del obispo también arremete contra los peritos de la Intervención general del Estado (IGAE) y la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, que han intervenido en esta causa.
El abogado Mas Millet critica en el recurso el «atrevimiento de peritos sobre materias que no conocen». Hace referencia concreta al interventor que «puesto en faena y sin el más mínimo recato se atreve a reflejar en su informe que los gestores de la Fvemf eran conscientes del carácter público de la fundación y de su irregular proceder en materia de contratación. Nos preguntamos si cabe una prueba más grosera y obscena de parcialidad y falta de objetividad en un informe pericial», arremete.
Unas críticas que no escatima a lo largo del escrito al insistir en acusar tanto al interventor como al inspector de la UDEF de «parcialidad, ligereza y falta de rigor» y explicitar su «lamentable proceder» ya que ambos han defendido en la causa que la Fvemf era pública y no privada, justo la tesis contraria que apuntan la decena de acusados en la causa de la visita del papa, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el conseller Juan Cotino y el prelado, entre otros.
«Causa general prospectiva»
Sobre el contenido de la causa, el obispo también acusa a los órganos judiciales y a la Fiscalía Anticorrupción de realizar con esta investigación «una causa general de carácter prospectivo, no permitido por el derecho procesal penal». Al tiempo que señala que las diligencias se iniciaron «en una causa que se tramita en la Audiencia Nacional por financiación irregular del PP» (en realidad se abrió por el pago y cobro de mordidas en la contratación de las pantallas por la Gürtel y directivos de la extinta RTVV) «lo cual hizo pensar a alguien que, detrás de las contrataciones realizadas por la Fundación [de la visita del papa] pudiera existir algún tipo de financiación encubierta de partidos políticos» por lo que la Audiencia Nacional remitió testimonio a un juzgado de València.
Aunque «una vez recabado un impresionante volumen de documentación» el letrado Mas Millet asegura que «el Ministerio Fiscal circunscribe ahora la investigación a los contratos formalizados por la fundación con once empresas concretas» y ya no se persigue la presunta financiación del PP. Incluso señala que los informes periciales de la IGAE y la UDEF sólo repara en sus informes en «determinadas personas de perfil político (las que no tienen perfil político, por lo visto no interesan)» además de «coincidir en señalar el apoyo a la fundación prestado por Juan Cotino, única persona a la que extrañamente se le asigna una colaboración sin concretar».
