? La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) optó ayer por la prudencia y declinó valorar el alcance del encuentro con la consellera Gabriela Bravo, cuyo compromiso con el valenciano en la Función Pública ha sido cuestionado por representantes sindicales y de Compromís. En este contexto, la autoridad normativa se limitó a reiterar que la inclusión del requisito lingüístico para el acceso a la Administración pública valenciana es una condición «básica», como aprobó en pleno en 2017. No hará más valoraciones, dijo la institución, hasta conocer el contenido final del proyecto de ley de la Función Pública que prepara el Consell y que Bravo se comprometió a entregar para que la AVL dé su opinión antes de elevarlo a Corts. «Una atención que desde la institución académica se ha valorado positivamente», subrayó la entidad.
El presidente, Ramon Ferrer, después de una reunión de más de hora y media, agradeció a la consellera Bravo «la voluntad de potenciar el uso del valenciano en la Administración» y recordó que «los funcionarios han de tener la capacitación lingüística necesaria para atender» en los dos idiomas oficiales.
