La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se comprometió ayer a elevar el anteproyecto de ley de Función Pública y su posterior reglamento (el que ha de desarrollar la aplicación del requisito lingüístico) a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para que informe sobre ambos.
Bravo busca el aval de la autoridad lingüística para un proyecto que lleva años de negociación con sindicatos y Compromís y que ha generado alta tensión con la formación valencianista.
La consellera se reunió ayer con el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, y otros representantes de la institución con el objetivo de rebajar la fiebre política sobre el requisito, después de que, como publicó Levante-EMV, haya trascendido que asumirá las observaciones esenciales al proyecto de ley realizadas por el Consell Jurídic Consultiu. Una de ellas supone la eliminación de la cláusula que obligaba a la aplicación automática de los distintos niveles de exigencia del valenciano al año de aprobarse la ley.
Bravo asume el criterio del Jurídic, que considera que los niveles de exigencia de la lengua autóctona no deben figurar en la ley, sino en el posterior reglamento. De lo contrario, la norma podría ser objeto de recurso de inconstitucionalidad. Es el modelo usado en Cataluña o Euskadi, alega.
La titular de Justicia anunció ayer que prevé remitir la ley de Función Pública a las Corts en septiembre u octubre, una vez realizados los retoques. El plazo para aprobar el reglamento con el grado de conocimiento del valenciano en cada categoría de la función pública será de un año.
Bravo manifestó que tiene «mucho interés» en la norma que garantizará a los valencianos «que pueden usar la lengua que deseen y que los funcionarios son capaces de atenderlos en ella».
