«Ser padre no es un derecho». Así de contundentes se muestran desde la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana (FMP) y desde la asociación El Parto es Nuestro (EPEN), respecto a la iniciativa de Justicia para que la Fiscalía investigue las denuncias presentadas en los últimos meses en España contra las agencias de gestación subrogada. La Ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, también respaldó ayer esta propuesta alegando que las agencias de vientres de alquiler «bordean la ética».
Julia Sevilla, vicepresidenta de FMP, se mostró muy positiva respecto a esta medida e indicó que «lo que se esconde detrás de estas agencias, aunque se limiten a hacer trámites, es un hecho consumado. Hay dos personas que utilizan a otra para tener un hijo, y eso es un delito en nuestro país». Por su parte, Elena Gil Rodríguez, de EPEN, consideró que la gestación subrogada «anula la capacidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y afecta, especialmente, a las más vulnerables que se verían abocadas a gestar para otras personas».
El problema de la filiación
Esta decisión de Justicia llega un año después de que el Gobierno frenara la inscripción como españoles a niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero, aduciendo incompatibilidades con la Ley de Protección de Datos. Una decisión que obligó a decenas de familias a quedarse en países como Ucrania o Georgia durante meses, a la espera de una solución del consulado que les permita volver con un pasaporte español para sus hijos.
Para Julia Sevilla se trata de una decisión lógica por parte del Gobierno ya que impedía actuar al vehículo con el que se produce la ilegalidad. «Entiendo que las circunstancias sentimentales son complicadas, pero no podemos dejar que desenfoquen el hecho real, y es que se está cometiendo un delito». Desde EPEN ahondan en esta idea, pues para Elena Gil Rodríguez «un bebé no entiende de contratos, y no se puede separar a un niño de su madre de manera completamente artificial».
