No todo es consenso en torno a la decisión del Ministerio de Justicia, ya que asociaciones como Son Nuestros Hijos han tachado la propuesta de «electoralista». Su portavoz, Eduardo Chaperón, ha recriminado al Gobierno que actúe sobre otros territorios e impida volver a los afectados: «El Gobierno no debe inmiscuirse en la legislación de otros países como Ucrania».
Una de las decenas de personas que permanecen a la espera de un pasaporte que les permita acreditar la nacionalidad española de su hijo es Marta Ibáñez, de Picassent, que afirma que permanece muy tranquila en Ucrania. «Creo que tienen derecho a investigar si dudan, pero no creo que encuentren nada ilegal. Yo estoy muy satisfecha con mi agencia, me han acompañado en todo momento», señaló.
Para Chaperón «la filiación de un menor nacido por un padre español no se puede negar». Por su parte, Marta Ibáñez no entiende que desde el Gobierno «digan que lo primero es el interés del menor pero luego les prohíba entrar en el que es su país».
