Uno de cada seis euros en el patrimonio inmobiliario de la Iglesia católica en la Comunitat se concentra en la ciudad de València, que cuenta con 357 inmuebles en su haber, lo que representa 123,6 millones de euros en activos. Por número de inmuebles, la capital del Turia encabeza la lista, tras ella se sitúan Alicante con 93 propiedades, Orihuela con 55, Elx con 46 y Castelló de la Plana con 35 inmuebles en su propiedad.
Destaca el valor de los bienes de Castelló, con 55 millones de euros en posesiones de la curia. Alicante atesora 47 millones en propiedades, Elx 14 millones y Orihuela 18 millones en activos de la Iglesia católica. A pesar de esto, ninguno de estos inmuebles paga tributos.
El Ayuntamiento de València tenía previsto comenzar a cobrar el Impuesto por Bienes Inmuebles (IBI) en la última campaña que arrancó el pasado 1 de marzo. El concejal de Hacienda aseguró entonces que emitirían los primeros recibos el pasado 30 de abril, dejando los espacios de culto exentos de pago y centrándose en aquellos que generan una rentabilidad económica, como locales comerciales, garajes y grandes establecimientos, poniendo el foco en la Universidad Católica y la clínica La Salud, acogiéndose a varias sentencias que ven el impago de la Iglesia una «competencia desleal» con otros locales. El consistorio prevee recaudar alrededor de dos millones de euros con este impuesto.
Sin embargo, el ayuntamiento deberá afrontar algunas barreras como la Ley de Mecenazgo, a la que se acogen las entidades religiosas para evitar el pago de impuestos o que en el propio catastro algunos inmuebles no se registran como uso religioso, sino como educativo o cultural, lo cual entorpece la identificación necesaria para emitir los recibos. El escollo principal reside en cómo están catalogados estos espacios, ya que en muchos ni siquiera se especifíca a qué se destinan.
