La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado este jueves que la Generalitat desplegará a los agentes de la unidad adscrita de la Policía Nacional para que protejan a mujeres víctimas de violencia machista en riesgo extremo si así lo decide un juez y ellas lo consienten.
Bravo ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia ante el pleno de Les Corts, en la que ha explicado los proyectos de su departamento para la presente legislatura.
La consellera ha insistido en la necesidad de avanzar "en el empeño de que todos los colegios de abogados y de procuradores de la Comunitat cuenten con un turno especializado en violencia de género, y que además sea exclusivo, es decir, que un mismo letrado no pueda defender a un presunto maltratador tras haber atendido a una víctima de maltrato".
"Es posible culminar la ambición colectiva de acabar con la violencia de género si toda la sociedad se implica en ello sin fisuras ni dobleces. Nos estamos dejando la piel en esta batalla, y no es un mero eslogan, porque no hay ninguna autonomía que dedique tantos medios para luchar contra el terrorismo machista como la Comunitat Valenciana".
Durante 2018, los tribunales dictaron 35.000 sentencias condenatorias a agresores de mujeres en un año en el que se presentaron 167.000 denuncias por violencia de género y en el que "lloramos a 48 asesinadas pese a que solo denunciaron el 20 por cien de ellas".
"Este año ya llevamos 40 crímenes, seis de ellos en la Comunitat Valenciana y, si sumamos todas las muertes desde el año 2003, la cifra sube a 1.023. Este es el mal medido en su aterradora y vergonzosa magnitud. La estadística de la infamia que no podemos consentir", ha agregado la consellera.
Por otra parte, Bravo ha anunciado la construcción de nuevos juzgados en Alicante Villajoyosa, Alzira, Llíria, Gandia, Orihuela, Xàtiva, Torrent, Sagunto y Villena.
Otra previsión es la ampliación del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de l'Eliana (Valencia) con un nuevo edificio que estará dotado de "las mejores infraestructuras y las más modernas tecnologías de comunicación".
Bravo también ha exigido al Gobierno central la creación de 40 nuevas unidades judiciales, 10 cada año hasta 2022, y ha anunciado la aprobación de una nueva Ley de la Función Pública Valenciana.
La diputada de Compromís Nathalie Torres ha pedido "profundizar en la perspectiva de genero y hacerla extensiva a toda la organización judicial, que necesita medidas compensatorias para reequilibrar la cúpula de la judicatura".
Estefanía Blanes, de Unides Podem, ha reclamado medidas para mejorar la situación del turno de oficio, que "no cobra sus trabajos previos si se desestima el acceso a la Justicia gratuita", y a subsanar las diferencias de retribuciones de los letrados que hacen guardia en Valencia o en otras demarcaciones".
El PP, a través de José Císcar, ha advertido sobre la posible extinción de los contratos de 1.500 agentes de Policía Local en la Comunitat Valenciana, debido a una normativa que impide esta figura contractual en el cuerpo a partir de 2020.
"Hemos propuesto que se haga un concurso de méritos en el que se valore la experiencia profesional y que estos agentes sean asimilados, pero no quieren escuchar", ha lamentado.
Además, ha cuestionado la credibilidad del discurso de Bravo porque "su conselleria sufrirá un tijeretazo de 30 millones de euros", motivo por el cual ha considerado que no podrá desarrollar sus previsiones.
Vicente Fernández, de Ciudadanos, ha insistido en que el plan de infraestructuras judiciales "está inacabado por falta de dotación y por mala gestión, al igual que hizo el anterior Gobierno del PP".
"Todas las nuevas sedes judiciales anunciadas en años anteriores deberían estar ya en fase de ejecución, y apenas han sido licitadas algunas de ellas. Menos postureo, menos vender humo", ha reclamado.
El portavoz de Vox José María Llanos se ha mostrado crítico con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por "no respetar las resoluciones judiciales y haber acusado a los magistrados del TSJCV de hacer política".
"Un Gobierno que hace cambalaches con las resoluciones judiciales, como Marzà, y que impide el uso igualitario de las dos lenguas propias es un Gobierno sectario y sumiso al pancatalanismo", ha concluido.
