Que un informe con reparos se convierta en papel mojado es lo menos que puede pasarle a la persona responsable de Intervención, Tesorería o Secretaría local. Este colectivo es víctima de acoso laboral «cada vez con más frecuencia», según el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de València (Cosital). Tal es la situación que se ha impulsado en el ámbito nacional toda una serie de protocolos con el objetivo de dar amparo al funcionariado sometidos a presiones.
El protocolo incluye la creación de una comisión anticorrupción y se faculta a los colegios adheridos para nombrar a un responsable de salud laboral.
Una forma de presionarles es a través de sus retribuciones que controlan los ayuntamientos. Sobre esta desprotección ya ha alertado la Agencia Antifraude, que advierte de que la independencia de estos funcionarios está «debilitada, cuando no cuestionada en la práctica». Y apunta la causa: un sistema retributivo que deciden, en buena medida, los órganos de gobierno municipal. Así, la asignación del complemento específico, que a veces constituye la mitad del salario, es decidido políticamente. Una dependencia económica que «interfiere» en la independencia del funcionariado.
El organismo que dirige Joan Llinares cree que la regulación debería estar en manos del Estado. Denuncia también que en los últimos dos años, 20 ayuntamientos han sido eximidos por la Generalitat de la necesidad de contar con un tesorero. Funciones que pasan a un personal sin preparación.
