Tres días después de arrojar dudas sobre el grado de información que manejaba sobre los recortes planteados en el presupuesto de 2019, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, moduló ayer su discurso y admitió que tanto ella como el resto de miembros del Gobierno autonómico «conocen y conocían» los detalles del Plan Económico Financiero (PEF) remitido por la Conselleria de Hacienda al Ejecutivo Central como condición para desbloquear la inyección urgente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El viernes, dejando entrever su resignación, Oltra dijo que no tenía más datos sobre el paquete de ajustes respecto a la parca nota de prensa aireada una semana antes a los medios. Ayer, sin embargo, recondujo sus palabras en la comparecencia posterior al pleno extraordinario del Consell -en la que estuvo acompañada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler- y cerró filas en torno al contenido del PEF en un intento por fortalecer la imagen de unidad del Botànic II, tocada por las tensiones generadas con el tijeretazo y sus múltiples derivadas. Tanto Oltra como Soler, en cualquier caso, remitieron a la comparecencia de este último programada para el 15 de octubre para «explicar los pormenores» de los recortes «delante del órgano de soberanía popular». Según la vicepresidenta, en ese momento «toda la opinión pública tendrá acceso» a la información, hasta ahora suministrada con cuentagotas. «Ha habido un momento de negociación, otro de enviar el PEF al Gobierno español y habrá momento de explicarlo con toda transparencia y claridad», incidió la portavoz del Consell.
Solidaridad y responsabilidad
A preguntas de los periodistas, el titular de Hacienda también evitó diseccionar los recortes, pero agradeció «la solidaridad y responsabilidad de todos los miembros del gobierno» a la hora de «hacer cosas que no te gustan hacer». Ante las voces que cuestionan la transparencia del proceso, Soler resaltó que Madrid «solo estaba interesada por las cantidades globales y los capítulos» afectados por las retenciones de crédito, cifras de las que sí se ha dado cuenta, a falta de conocer la distribución por conselleries.
Aun así, a continuación resaltó que la concreción de los ajustes «se pensó y trabajó con cada uno de los consellers», por lo que Soler garantizó que, cuando se haga público el PEF, «no habrá sorpresas». Así trató de acallar las suspicacias surgidas en algunas áreas sobre la posibilidad de que los recortes definitivos pudieran terminar variando sustancialmente respecto a la propuesta inicial pactada entre los socios, a expensas todavía de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) apruebe el plan de ajustes.
Soler remarcó que, antes de diseñar el PEF, se abordó con cada conselleria las partidas sujetas a retenciones de crédito que no iban a poder ejecutarse antes de final de año por falta de tiempo material, tras hacer hincapié en que los presupuestos de 2019 se elaboraron de forma expansiva y hubo ingresos previstos por encima de las posibilidades de recaudación final. «Hicimos un trabajo muy interesante, pero cuando estuvo el trabajo prácticamente acabado apareció la DANA y hubo que replantear muchas cosas», aclaró el conseller.
El responsable de Hacienda ofreció ayer otro titular en su comparecencia ante los medios: reconoció que la posibilidad de prorrogar los Presupuestos de la Generalitat de cara a 2020 se está barajando seriamente como consecuencia de la prolongada situación de bloqueo en el Gobierno Central, que impide conocer con detalle la información sobre las entregas a cuenta, una parte fundamental de sistema de financiación autonómico.
La prórroga, cuyos «pros y contras» se están estudiando «tranquilamente», obligaría a convertir la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020 aprobada ayer por el Consell en una ley ordinaria, con una tramitación diferente. Sería la primera vez que el Govern del Botànic ha de aplazar la aprobación de las cuentas autonómicas desde su nacimiento en 2015. «Te puedes arriesgar a hacer un presupuesto de ingresos, pero te puedes equivocar muchísimo: es un riesgo muy grande, sobre todo en las condiciones en las que estamos», manifestó Soler, antes de dejar claro que «sería bueno que el 31 diciembre estuviera» porque muchos de los aspectos contemplados de carácter fiscal «arden en los dedos».
El proyecto de Ley de Acompañamiento, que traza una hoja de ruta de la actuación del Consell en materia fiscal, social y económica durante 2020, modifica 32 leyes, un Decreto Ley y un Decreto, aunque todavía le queda un largo camino en el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Económico y Social, antes de su aprobación en las Corts. El documento no introduce cambios estructurales en el cobro de tasas, pero recoge la creación de un Observatorio Fiscal que dará entrada a la sociedad civil en la gestión de la Agència Tributària Valenciana, integrando a todos los agentes sociales y administrativos del sistema tributario para «mejorar la relación con los contribuyentes y la transparencia».
La inclusión de las fundaciones públicas entre los organismos que obligatoriamente han de contar con un auditor interno es otra de las novedades del documento, que quiere aumento el control sobre el sector público instrumental no empresarial. Como contó este diario, además, la ley flexibilizará los plazos para que los ayuntamientos puedan terminar las obras del interminable Plan Confianza impulsado bajo el gobierno de Camps.
Tarifas pactadas en el taxi
En materia de Movilidad, el proyecto abre la puerta a que el servicio de taxi pueda prestarse mediante tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores mediante el uso de aplicaciones móviles para atender las reivindicaciones de los profesionales y hacer el sector «más competitivo». Además, se autorizará el cambio de tarifa urbana e interurbana en aquellos servicios en los que no se conoce el destino y se permitirá el acceso al transporte público con vehículos de movilidad personal como bicicletas o patinetes, siempre que estén plegados.
La Ley de Acompañamiento corrige la ley de igualdad con el fin de ampliar el principio de no discriminación en la publicidad a todos los medios de comunicación, públicos y privados. A preguntas de los periodistas, Soler reconoció que tres altos cargos de la Generalitat -la Intervención General, la Dirección General de Intervención y la Abogacía- verán incrementados sus salarios en 2020. El conseller subrayó que, al llegar a los puestos públicos, dichos funcionarios ven recortados sus ingresos, un hecho que, a su juicio, «desincentiva» a los buenos profesionales. «No queremos castigarles y que pierdan dinero», zanjó.
