Las exalcaldesas de Benirredrà Cristina Gutiérrez (PP, desde 2007 hasta febrero de 2010) y Loles Cardona (PSPV, desde febrero de 2010 hasta el pasado mes de abril) se enfrentan a 6 años de prisión por delitos de prevaricación y malversación.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Valencia, se juzga a ambas alcaldesas, al secretario-interventor del Ayuntamiento, José Antonio Momparler, y al funcionario Rafael Parra, por haber desviado de forma irregular cerca de 100.000 euros entre 2008 y 2010.
El juicio por estos hechos se celebra hasta el próximo viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.
Benirredrà es un municipio de poco más de 1.500 habitantes de la comarca de La Safor, ubicado a un kilómetro y medio de Gandia, que con la operaciones supuestamente delictivas que se juzgan sufrió un "agujero" económico cercano al 15 % del total de su presupuesto y que acumula actualmente una deuda superior a los 407.000 euros.
Rafael Parra, funcionario del consistorio de Chiva y del Consorcio de Museos de la Generalitat -entre 2000 y 2005-, ya ha sido juzgado por hechos similares cometidos en otras Administraciones Públicas, junto con otros funcionarios y cargos electos.
La responsabilidad de los procesados se basa, según el Ministerio Público, en que dejaron de aplicar la legislación en materia de contratación para adjudicar directamente a una sociedad de Parra la elaboración de informes de asesoría que no eran necesarios o no se realizaron.
A su vez, se responsabiliza a Parra de haber ocultado su presencia en dicha empresa, que figuró como administrada por varios familiares, y de no haber solicitado ninguna compatibilidad administrativa para el ejercicio de actividades privadas.
"El objetivo de dicha sociedad -Asesores Económicos Públicos- era ocultar la condición de funcionario de Parra dado que en las contrataciones que efectuaba, en poblaciones tan pequeñas, era normal la ausencia de controles por parte de los secretarios-interventores", señala el fiscal.
Así, en 2008 esta sociedad cobró al Ayuntamiento de Benirredrá 19 facturas por un importe de 45.356 euros, la mayoría referidas a "asesoramientos técnicos y económicos" que en algunos casos no se realizaron o no deberían haberse computado al Consistorio.
En 2009 se cobraron 13 facturas por 18.908 euros; y en 2010 9 facturas por 41.400 euros.En total, la empresa de Rafael Parra facturó cerca de 100.000 euros al Consistorio de Benirredrá, aunque el fiscal resalta que la deuda municipal, a pesar de contar con "tan amplio asesoramiento" alcanza los 407.000 euros.
Los hechos han sido calificados como supuestos delitos de prevaricación y malversación, de los que se considera autores a las dos alcaldesas y a Rafael Parra en calidad de cooperador necesario; mientras que José Antonio Momparler es acusado en calidad de cómplice.
Para los tres primeros el fiscal pide una condena de 6 años de prisión, otros tantos de inhabilitación, y una multa de 72.000 euros, además de indemnizaciones superiores a los 60.000 euros; y para el secretario-interventor se reclama una condena de 3 años de prisión e inhabilitación, una multa de 3.000 euros y el abono de una indemnización superior a los 105.000 euros.
