La Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana, que integra a setenta consistorios desde Alicante hasta Castelló, liderará el desarrollo de un proyecto europeo para medir la incidencia de los incendios forestales en las emisiones de CO2. El objetivo de la iniciativa Remas es cuantificar el carbono contenido en el suelo y las distintas vegetaciones del monte cuando está en perfectas condiciones, algo que permitiría calcular cuanto se perdería en caso de un hipotético megaincendio. Poner cifras reales a lo que ahora son estimaciones, según Javier Martínez, técnico de desarrollo rural de Amufor. La traslación serviría para cuantificar el valor de los espacios naturales como sumideros de carbono, por lo que una adecuada gestión de los mismos los convertiría en «potentes herramientas contra el cambio climático».
El estudio, que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones y con gran parte de fondos Feder, se desarrollará durante los tres próximos años en puntos concretos del territorio y analizará además de las consecuencias materiales, las ambientales y sociales. «Necesitamos tener indicadores de CO2, nos faltan datos concretos», señala Rebeca Aleix, de Amufor. Los científicos calculan que por cada tonelada de biomasa de un árbol, la mitad corresponde a carbono, lo que puede variar de una especie a otra. Para saber la cantidad exacta que se acumula en un bosque es necesario medir los ejemplares para convertir estas medidas en biomasa y la mitad de lo que pese será el CO2 que será liberado de regreso a la atmósfera. Algo que puede suceder en forma lenta por medio de la descomposición o, en forma muy rápida, si el bosque es pasto de las llamas.
En el caso del proyecto Remas no solo se medirá el CO2 de la masa arbórea, sino también del suelo, tal como explican Martínez y Aleix. A través de herramientas como la cartografía y la teledetección se puede elaborar una radiografía lo más completa posible de ecosistemas muy vulnerables.
Los espacios forestales en España no son rentables, pero su contribución a la calidad de vida de la población está contrastada. Su papel regulador en los ciclos del agua, o en la mitigación de inundaciones por las lluvias torrenciales - cada vez más frecuentes-, no lo discute nadie. Ni su importancia en la lucha contra la erosión del suelo, que en el caso de la zona mediterránea significa desertificación, según la Agencia Estatal de Meteorología.
El pago por los servicios ambientales o el llamado «céntimo forestal» son reclamaciones que muchos municipios del interior piden como compensación al beneficio ambiental que generan en contraposición a las grandes urbes contaminantes. De hecho, la Generalitat Valenciana ya contempla en la Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático este tipo de medidas para proteger sus «pulmones verdes» y combatir la despoblación del mundo rural.
El 56 % de la superficie de la Comunitat Valenciana es terreno forestal, que además va en aumento por el abandono de parcelas agrícolas y la colonización de éstas por especies propias del monte. Aunque el 55, 2 % pertenecen a particulares, el 38,6 % son de propiedad pública, la mayoría de ayuntamientos. «Estamos muy contentos de liderar uno de los proyectos seleccionados por Europa, es una gran responsabilidad para nosotros, pero a la vez una gran oportunidad de avanzar en la consecución de indicadores que contribuyan a destacar la importancia del territorio forestal valenciano», señala Consuelo Alfonso, alcaldesa de Andilla y presidenta de Amufor. Alfonso incidía también «en la necesidad de llevar a cabo de forma inmediata e inequívoca una gestión agroforestal sostenible como denominador común en el arco mediterráneo de la UE».
Universidades y empresariado
Junto la plataforma de municipios forestales, la Diputación de Valencia tendrá un papel destacado en el proyecto, con apoyo ante situaciones de emergencia climática. El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, la Universitat Politècnica y la Universitat de València desarrollarán la carga científica, respaldados por la Generalitat y otras entidades como la Cámara de Comercio de Valencia. Fernando Pradells es el técnico coordinador del proyecto.
