La directora general de Justicia de la Generalitat, Bárbara López, explicó ayer que las baterías del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València, donde el jueves falleció por parada cardiorrespiratoria un hombre que iba a ser juzgado, se revisaron por última vez el 16 de noviembre de 2016 y que el fabricante del dispositivo recomienda que se haga cada tres años. Aseguró que la Administración «está investigando y va a investigar en profundidad por qué no han funcionado las baterías de este aparato». La Dirección General ha solicitado «los informes pertinentes tanto a la gerencia de la Ciudad de la Justicia de València como a los servicios de mantenimiento y seguridad de la Conselleria de Justicia». Además, López transmitió el «más sentido pésame» de la administración a los familiares y amigos de la víctima.
