Las escuelas católicas replican a Celaá que la elección de centro es constitucional

Los colegios concertados y padres católicos de la Comunitat Valenciana acogieron ayer con «estupor e indignación» las palabras de la Ministra de Educación y portavoz en funciones, Isabel Celaá, que aseguró que la libertad de los padres de elegir un centro de enseñanza para sus hijos «no es emanación estricta del artículo 27 de la Constitución». Celaá hizo esta afirmación durante la inauguración, el pasado jueves, del XV Congreso de Escuelas Católicas, que representa el 15 % del total de la enseñanza y el 58 % de la enseñanza privada concertada.

Desde la patronal educativa concertada las reacciones no se hicieron esperar. Así, Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana, que estuvo en el acto, indicó que las declaraciones de la ministra fueron «un jarro de agua fría» y «algo que nos indigna, nos preocupa y nos inquieta».

Por su parte, Vicente Morro, portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de València, la patronal con más de 95.000 familias asociadas, expresó que «ese tipo de declaraciones tienen un fondo terrible porque la ministra se sitúa fuera del contexto constitucional y pretende dejar una vez más a los padres fuera de la responsabilidad que tenemos como educadores de nuestos hijos». Desde ambas organizaciones llamaron a «la tranquilidad de padres y profesores» y recordaron «las sucesivas sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional».

Por su parte, el presidente de Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), Alberto Villanueva, mostró su «sorpresa» por unas declaraciones en las que la ministra «apeló a una sentencia de 1981 que se ha demostrado completamente superada e hizo una interpretación totalmente errónea del artículo 27 de la Constitución».

«Nosotros decimos que los padres tienen derecho a elegir el centro educativo por sus valores o su criterio, pero este gobierno solo está planteando la elección de un modelo», aseguró Villanueva. «El Estado no debe marcar la educación de los niños por encima de sus padres, que tienen derecho a enseñarles en función de lo que crean mejor para ellos. Defendemos que no solo haya una opción sino que haya tres en función de si se quiere criar a un hijo en la escuela pública, católica o concertada, y que sean de gran calidad todas ellas».

La ministra de Educación en funciones, en su declaración, insistió en que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrán ser parte de la libertad de enseñanza recogida en la Constitución».

El PP amenaza con los tribunales

A nivel político, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, amagó con acudir a los tribunales en caso de que «la hoja de ruta» que, a su juicio, ha marcado la ministra en funciones «se materialice en acciones concretas, resoluciones y modificaciones de leyes». Bonig, que se manifestó en referencia a las palabras de Celaá, aseguró que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir un centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza». Así, la lideresa popular afirmó que la Comunitat Valenciana «hemos sido el laboratorio de las políticas que la izquierda quiere implantar en toda España».

Bonig advirtió de que los diputados y senadores del PPCV defenderán en Madrid la libertad educativa. La presidenta popular quiso recordar que el Botànic lleva «más de 40 sentencias en contra», entre otras cosas, por «no respetar la libertad educativa». Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Maria José Català, anunció que presentará una moción para que los grupos municipales respalden la libertad educativa para que los padres puedan elegir el colegio que quieran para sus hijos, sea público o concertado.

En respuesta a las críticas recibidas, Celaá señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el sector puede, de momento, estar tranquilo», ya que las familias que llevan a sus hijos a colegios concertados «no tienen nada que temer», pues «no existe ningún plan para revisión de nada». Según la ministra, se trató de «alimentada de manera artificial».