«La Unión Europea ha colocado la lupa en la gestión de residuos de sus países miembros y cada seis meses analizará los datos de todos los consorcios y municipios. Vienen muchos cambios, las sanciones van a ir a las entidades locales si no cumplimos, pero podemos salvarnos». La advertencia la lanzaba ayer Joan Piquer, director general de Evaluación y Calidad Ambiental de la Generaliat Valenciana en la jornada sobre la implantación del nuevo plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana desarrollada en la Universitat Politècnica. Organizada por Levante-EMV bajo el paraguas de la cátedra Facsa-Fovasa del Agua, Residuos y Economía Circular, que dirige Amparo Bes, el marco normativo aprobado hace unos meses por la Conselleria de Emergencia Climática colocó sobre la mesa los retos y oportunidades que supone su entrada en vigor.
Piquer defendía que las actuaciones y exigencias que recoge el documento van en sintonía con las directrices comunitarias. «La UE ha obligado a algunas comunidades autónomas a revisar y modificar aspectos de sus planes», señalaba, para acto seguido incidir en que se abre una «época apasionante, pero cargada de cambios». «Van a llegar nuevos requisitos y más exigentes en el tema de la separación porque la economía circular va a estar muy focalizada en los residuos. La parte central y vertebral está en los recursos que contienen esos residuos», explicaba.
Entre las medidas disuasorias Piquer lanzó la del canon de penalización del vertido «pensado para que nadie lo tenga que pagar». «No tiene un efecto recaudador, lo que busca es reducir el volumen de rechazos», aseguraba ante el público que abarrotaba el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El responsable de la materia a nivel autonómico explicaba que aunque hay autonomías que no superan el examen europeo, no es el caso de la valenciana. «Nosotros sí pasamos, aunque con un raspado», admitía Piquer.
Creación de empleo verde
empleoEn ese punto, explicaba la importancia de introducir la figura de los educadores ambientales . «Es el auténtico vector de cambio imprescindible, una herramienta necesaria para mejorar la gestión de los residuos, informando, explicando en la calle a la gente qué hacer con la basura, qué se puede reutilizar. No habrá euro mejor invertido que ese», razonaba. Se refería al artículo 14 del PIRCV, que obliga a los municipios no solo a redactar planes locales de residuos sino también a contratar a estas figuras, algo para lo que podrán obtener ayudas tanto del gobierno autonómico como de las diputaciones provinciales.
A las preguntas del público de cómo podían ayuntamientos pequeños abordar el coste que implican algunas de las exigencias del nuevo plan, Piquer se agarraba a los presupuestos de 2020 que incluyen dos millones y medio para calidad ambiental con líneas de apoyo a las entidades locales. También hizo mención a los catorce millones de los fondos Feder programados hasta 2022 y pendientes de ejecutar. «El plan de residuos de la Comunitat Valenciana abre muchas oportunidades en trabajos verdes y en la producción industrial», destacaba.
El tono más reivindicativo llegó con la intervención de Robert Raga, alcalde de Riba-roja, presidente del Consorcio Valencia Interior y vocal del consejo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Raga aprovechó el foro para reclamar al nuevo gobierno que acabe con las restricciones que impuso Cristobal Montoro a los consistorios. «Los ayuntamientos queremos decidir cómo hacer las cosas, pero para eso hay que eliminar esa ley que nos encorseta», lanzaba.
Raga, además, echaba la vista atrás para recordar que la ausencia de educación ambiental en muchas generaciones, incluida la suya, era algo que había de revertirse. «Nuestros vecinos van a ser los mejores aliados de cara al futuro», enfatizaba al tiempo que invitaba a reflexionar sobre el bajo coste que para el ciudadano implica la retirada y tratamiento de las basuras. «Si explicáramos a la gente cómo están ayudando al mundo cuando separan la basura, la batalla estaría ganada», aseveraba. «Hay que incentivar la minimización si queremos ayudar a la sostenibilidad del planeta», remarcó.
Eugenio Cámara, gerente de la Entidad Metropolitana per al Tractament de Residus, destacaba como gran logro la obligatoriedad de que todas las entidades locales tengan que elaborar sus propios planes de gestión de residuos. Y hacia hincapié en la necesidad de agrupar los contenedores por islas, como está haciendo ya la ciudad de València. «Hay que facilitar al ciudadano la tarea de desprenderse de los residuos», expresaba en una sala abarrotada.
Recogida puerta a puerta
Los nuevos sistemas de recogida selectiva, como el puerta a puerta, también fueron objeto de reflexión. Piquer, en cualquier caso, recalcó que habrá que discernir qué modelo es el mejor para cada entidad local, aunque sí quedó claro que se pasará al triaje lineal al circular en las plantas de tratamiento para reducir al máximo la fracción rechazo que llegar al vertedero.
Eva Fornés, gerente del Consorcio Ribera i Valldigna, indicaba que aunque el plan de residuos de la Comunitat Valenciana plantea «objetivos de gestión muy ambiciosos» la clave del éxito puede estar en la pedagogia. «Entre los diez y los doce años es la edad ideal para influir en los niños», comentaba. Una visita por las instalaciones de la planta de Guadassuar, cuya evolución desde 1989 desgranó ayer, abre los ojos a la realidad. «Ver la cantidad de plásticos que pasan por las cintas nos ayudaría a reflexionar», espetaba.
Por su parte, Vicent García, director general de expansión de Fovasa, elogiaba algunos aspectos del PIRCV como la de los educadores ambientales al tiempo que animaba «a trabajar en la identificación de los residuos para poder llegar a la bonificación». Algo a lo que ayudarán las tecnologías actuales. «Invertir en la recogida servirá para abaratar costes», explicaba para además reseñar que no se ha de convertir las licitaciones de estos servicios en subastas.
