I. A. estuvo encerrado 17 días en el CIE de Zapadores. H. B. pasó diez días entre sus paredes, y S. L. otros 13 días. Todos ellos eran menores de edad argelinos que llegaron a nuestras costas. Y los tres manifestaron nada más desembarcar que tenían menos de dieciocho años. Pero les encerraron. Sus vidas dieron un giro tras conocer los resultados de una prueba médica que decía que eran adultos. Por ley, ya no podían entrar en el sistema de protección y pasaron a ser inmigrantes ilegales. Carne de cañón.
De estos chicos argelinos, que no tenían documentación, se sospechaba que eran menores. Unos fueron internados en Zapadores sin determinar su edad, otros mediante una prueba médica que consiste en una radiografía del carpo, es decir, de la mano y la muñeca izquierdas. Una prueba «imprecisa» y con un «amplio margen de error» de por lo menos dos años, según advierten organizaciones como Naciones Unidas o Save The Children.
Pese a esto, a algunos solo se les aplicó este método, conocido como Greulich y Pyle, una prueba basada en un libro publicado en los años 50, elaborado a partir de 990 chicos de Ohio, Estados Unidos. Esta es, actualmente, la prueba de determinación de la edad más utilizada para menores migrantes, aunque en algunos casos se combina con otras: la de mandíbula, la de clavícula y la de observación de la maduración de los órganos sexuales. Organizaciones como Save The Children han denunciado que esta prueba «es inadecuada para la población no europea».
Es uno de los puntos que el Gobierno quiere cambiar, mejorando el método de determinación de la edad de los niños. De hecho, los institutos de medicina legal de España acordaron en un documento común cuáles debían ser la pruebas completas necesarias para la determinación de la edad de los menores migrantes. Además de la radiografía de la muñeca, son necesarios un examen físico general y un estudio radiográfico dental. En el caso de que estas pruebas arrojaran dudas, se complementarían con otros medios diagnósticos. Hoy en día, este documento de buenas prácticas no se cumple en la mayoría de casos, según denuncia Paco Solans, abogado de extranjería.
De los tres argelinos finalmente se pudo demostrar que eran menores de edad, gracias a la documentación aportada por la campaña CIEs NO. Otros migrantes a día de hoy no tienen tanta suerte y se ven empujados a vivir en la calle o dar con sus huesos en un centro de internamiento. «La policía no se cree a una persona cuando dice que es menor de edad, ni cuando baja de la patera, ni cuando visita al juez de internamiento, ni a la policía del CIE» afirma Adrián Vives, de CIEs NO.
Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2018 se abrieron 12.152 procesos de prueba de edad, el doble que en 2017 y seis veces más que en 2016. Además, una de cada diez personas que cruzaron el Estrecho en 2018 eran menores. Por eso, esta radiografía es hoy un elemento crucial para los menores migrantes en la frontera. «No es lo mismo que te califiquen como un chico de 16 años y entres en el sistema de protección estatal que tener 18 y ser visto como un inmigrante ilegal, sin papeles y con posibilidad de ser deportado y acabar en un CIE, es un trauma enorme para el chico en el caso de que salga mal», señala Rodrigo Hernández, presidente de Save The Children en la Comunitat.
Pilar Serrano, abogada especializada en extranjería, asegura que se está dotando a esta prueba de determinación de la edad de una precisión que no tiene. «En diciembre de 2018 atendí en una sola tarde a cuatro personas que manifestaron ser menores en el CIE de Zapadores». El Defensor del Pueblo ha advertido de las «reiteradas quejas» en provincias donde «se siguen dictando decretos para la determinación de la edad sobre la base única de la radiografía de muñeca, sin realizar pruebas complementarias y sin que exista intervención forense».
Sin papeles que valgan
«La expresión 'sin papeles' es errónea, todas las personas tienen papeles de su país de origen, otra cosa es que sean válidos» señala Vives. Pero no basta con cualquier tipo de documentación. Tal como señala Solans, «hay muchos casos en los que se hace la prueba a pesar de que el menor tiene un documento que lo identifica como tal. Han llegado a presentar certificados de nacimiento y rechazarlos». Tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2014, a los menores migrantes solo se les permite presentar su pasaporte o documento de identidad como pruebas válidas de determinación de la edad.
Otro problema del sistema de acogida viene recogido en el último informe del Defensor del Pueblo, que denuncia la ausencia de un protocolo común válido para todo el territorio nacional. Según apunta Solans, «nuestra legislación es muy rígida con el hecho de que una persona sea menor de edad. Hay un día en el que eres menor y tienes toda la protección del sistema de acogida y al siguiente dejas de serlo. No se puede consentir que cuando una persona pasa a tener 18 años y un día no merezca de nosotros más que patadas y ser empujados a la ilegalidad».
